Que el Presidente de la República, como lo acaba de hacer, establezca unas condiciones mínimas e indispensables para que el Estado colombiano pueda pensar en unos diálogos con la guerrilla dentro del propósito colectivo de alcanzar la paz, es algo perfectamente natural.
En ese sentido, proponer un entendimiento sin una mutua y genuina voluntad de paz -que del lado de las Farc no existe, a juzgar por sus más recientes actos terroristas- no pasa de ser una burla.
El pueblo aspira a que se acabe la violencia en nuestro territorio de una vez por todas; no quiere más crímenes, y no le convencen los anuncios incumplidos de siempre.
Algunos estiman que la firme posición de Santos significa una negativa a todo acuerdo, o un deseo oficial de obstaculizar cualquier proceso de acercamiento con los guerrilleros, pero la verdad es que el Presidente tiene la razón: no se puede dialogar con quienes siguen en la práctica del secuestro; planeando y ejecutando ataques contra municipios; sacrificando vidas de personas inocentes; organizando emboscadas contra la fuerza pública; sembrando los campos con minas antipersonales; reclutando a menores para vincularlos a sus actividades delictivas; o en el detestable negocio del narcotráfico.
Desde luego, la finalidad que han expresado importantes actores de la vida colombiana, entre ellos la Iglesia Católica, es encomiable en alto grado, y merece que todos, en la medida de nuestras posibilidades, la apoyemos y procuremos: llegar a un acuerdo pronto y evitar que continúe la hasta ahora ininterrumpida violación de los derechos humanos.
Pero un requisito insustituible para que nos embarquemos en tal empresa es precisamente el cambio de actitud de parte de la organización guerrillera. No se puede dar el primer paso hacia la negociación de la paz sin que la subversión haga un cese en sus actividades terroristas.
Ahora que las Farc inician las cinco entregas unilaterales de personas plagiadas, a la vez que proponen la paz, es el momento de exigirles algo completamente obvio: que liberen a todos los secuestrados.
Y es que no hemos entendido la razón por la cual quienes proclaman tener voluntad de pacífico acuerdo se empecinan en mantener a unas personas injustamente privadas de su libertad, ni comprendemos por qué las liberaciones unilaterales se demoran tanto si esa voluntad existe.
Ahora bien, el país necesita y exige una paz con compromiso y en serio. No aceptará negociaciones interminables.