Cuando las normas jurídicas no logran los cometidos buscados al consagrarlas, y si cada vez que se aplican ocasionan traumatismos, deben ser revisadas.
Hoy acontece que, ante la culminación de un período, o ante la renuncia de unalto funcionario, especialmente los de mayor responsabilidad, surgen invariablemente las inquietudes sobre si el proceso de selección es transparente; si los candidatos son o no los más idóneos; o en torno a la garantía de independencia, de quien resulte elegido. Ello es ostensible cuando se trata de proveer cargos cuya terna debe ser elaborada por el Presidente de la República. Así ha ocurrido en el caso de plazas de magistrados de la Corte Constitucional, y ahora tenemos sobre el tapete el de la elección del Fiscal General, que no ha estado exento de accidentes, desconfianzas y escándalos.
El problema es más agudo cuando las ternas son presentadas a lo largo de varios años por el mismo ciudadano que ocupa la Presidencia de la República, en razón de la reelección presidencial para el período inmediato, ya que, no siendo diversos los presidentes que participan en los distintos procesos de selección, sino el mismo, el efecto que se está produciendo es el de una concentración de poder en cabeza del Jefe del Estado. Ahora, por ejemplo, el Presidente ha participado en la escogencia del Fiscal General -el antiguo y el nuevo-; de varios magistrados de la Corte Constitucional; de varios magistrados del Consejo Superior de la Judicatura; del Procurador; del Defensor del Pueblo, y la sensación que existe en el país -fundada o no- es la de que en todas esas posiciones se ha perdido la necesaria autonomía, y de que los titulares dependen en realidad del Presidente.
Se resquebraja así la confianza del pueblo en sus instituciones, lo que implica el efecto contrario al buscado por el orden jurídico en el Estado de Derecho.
Esto no es bueno para nadie: ni para los funcionarios, cuya verticalidad es puesta en tela de juicio anticipadamente, sin que la opinión pública les dé siquiera oportunidad de actuar; ni para el Presidente, a quien se sindica de ambicionar para sí un control absoluto del Estado; ni para las instituciones democráticas, la justicia y la libertad, que necesariamente resultan lesionadas.
Creemos que ha llegado el momento de replantear todo el sistema de selección previsto en la Carta Política.
