Después de un presidente cauto, serio y prudente –Humberto Sierra Porto-, la Corte Constitucional tiene a uno cuyas características son exactamente las contrarias –Nilson Pinilla-, quien “usa” tan honrosa posición para ventilar en los medios de comunicación sus resentimientos personales y sus inclinaciones políticas, y para meterse en terrenos que no son suyos, como los internos de la Corte Suprema.
Vale la pena recordarle a Pinilla que, como dice el refrán, “el que mucho habla…mucho yerra”. Por eso, a la hora de citar los artículos de la Constitución –que no le gusta, pero que se supone conoce-, se equivoca con frecuencia, y confunde, por ejemplo, el relativo a los derechos fundamentales y a la familia –el 5- con el que consagra la soberanía popular –el 3- , que es el que quiere invocar para sustentar en los periódicos sus motivos a favor del referendo reeleccionista. Asunto éste que, dicho sea de paso, no debería ser materia de sus especulaciones públicas, ya que de una parte ellas implican su participación en el debate político que se adelanta en el país acerca de si Uribe debe o no ser reelegido, previo un referendo reformatorio de la Carta Política, y, de otra, la Corte que él preside debe ocuparse en la revisión de la ley que convoca el referendo. Habrá que recusar a Pinilla, si no se declara impedido cuando llegue el momento, por cuanto ya sabemos cómo va a votar en ese caso, acudiendo a su argumento de que “el pueblo debe ser atendido y se manifiesta por la votación directa, que es un sistema muy superior al sistema de la voluntad popular derivada a través del Congreso”.
También ha entrado a discutir en la prensa si una segunda reelección de Uribe podría desequilibrar el esquema de ejercicio del poder en Colombia. Así lo creo yo, pero ahora soy un particular que puede opinar al respecto, y no puede hacerlo con semejante desparpajo el Presidente de la Corte Constitucional.
Ahora bien, se desgasta Pinilla en sus esfuerzos por no ser calificado de “uribista”, y al negarlo con tanto énfasis resulta enfrascado en una controversia con los periodistas que, definitivamente, no se ve bien en un juez, cuya imparcialidad debería surgir espontáneamente de sus actuaciones sin necesidad de estarla proclamando.
A todo lo anterior el doctor Pinilla ha decidido añadir la sindicación irresponsable y arbitraria, a quienes fueron magistrados de la misma Corporación y que varios años después aspiraron a cargos de elección popular, de haber utilizado la magistratura con finalidad política. Asumiendo un papel inquisidor que no le corresponde, se atreve, en su incontinencia verbal, a sentenciar que “está mal” una determinada aspiración por el hecho de haber sido el candidato alguna vez, Magistrado de la Corte. Como si ese ejercicio implicara una inhabilidad absoluta y definitiva, que no está contemplada en disposición alguna.
Por el contrario, estamos ante un derecho constitucional de todo ciudadano, y quienes fueron magistrados, al dejar la magistratura, retornan a esa condición, y tienen todos los derechos. Pero el imprudente magistrado lo desconoce, y pretende erigirse en el gran censor, sin importar que resulte enfrentado al Presidente de un partido político o a quienes, como el suscrito, y sin pedirle permiso a Pinilla, aspiraremos al Senado en las próximas elecciones. Y esos enfrentamientos no implican otra cosa que una indebida participación en política del Presidente de la Corte.
