No se sabe si finalmente pase en el Congreso el proyecto de referendo reeleccionista, a pesar de las dificultades conocidas, y en el caso de ser aprobado, la etapa siguiente corresponde a la Corte Constitucional, encargada de efectuar la revisión oficiosa de la ley desde el punto de vista formal.
En las actuales condiciones, no se puede pronosticar si los colombianos iremos o no a las urnas para votar a favor o en contra de una nueva reforma constitucional sobre reelección. Pero, suceda una cosa o la otra, la experiencia de esta propuesta debe hacernos reflexionar acerca de la manera como el Gobierno y sus colaboradores están utilizando un mecanismo de participación ciudadana concebido en la Constitución para permitir al pueblo expresarse sobre asuntos de su interés, no para satisfacer ambiciones personales de los gobernantes.
Los tropiezos de la iniciativa en este caso -vale la pena observarlo- provinieron tanto de la financiación usada para la búsqueda de apoyos -que, entonces, no eran tan espontáneos- como de la equivocada redacción del texto que se habría de someter a consideración de los sufragantes. En este último aspecto puede verse con claridad que los promotores del referendo querían asegurar, aprovechando la ignorancia de muchos, que el único reelegible fuera el actual Presidente, excluyendo a los otros ciudadanos que han desempeñado por una sola vez la jefatura del Estado. Por eso exigieron en el texto el ejercicio de la presidencia por dos períodos continuos, punto que nos atrevemos a dudar que quienes estamparon sus firmas hayan podido leer, examinar y compartir.
Se dieron cuenta después de que con tal redacción el primer excluido era el propio Presidente Uribe, quien solamente dentro de un año termina su segundo período. Y procedieron a cambiar arbitrariamente el texto, sin respetar el principio de consecutividad de los debates, toda vez que lo aprobado en los dos primeros acogía la versión original y rechazaba la propuesta alternativa.
Aunque la Corte -como no es descartable que ocurra, si recordamos intervenciones públicas de su presidente- declare la constitucionalidad del irregular trámite, lo cierto es que todo lo acontecido con el texto, totalmente de espaldas a la intención de los firmantes -que en realidad poco importa a los amigos de la reelección-, delata una actividad política que, para conseguir sus objetivos, no vacila en manipular ni en distorsionar la institución democrática del referendo.
