Así como en su momento resultaron criticables el menosprecio oficial por el ordenamiento jurídico, la actitud pendenciera del Gobierno en relación con los altos tribunales y su furiosa reacción ante las providencias -todo lo cual desinstitucionalizó al país-, complace ahora el rumbo que han trazado el Presidente Juan Manuel Santos y su Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras en lo que concierne a un rápido restablecimiento de las relaciones armónicas entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, lo que no debería ser noticia por corresponder a un comportamiento normal de los servidores públicos, pero que ha adquirido tal carácter en razón de los tempestuosos antecedentes inmediatos.

Desde luego, sentada esa primera y esencial base de mutuo respeto, comienza una etapa no ciertamente fácil, en la que se ha comprometido la Administración entrante: la reforma al sistema de justicia.

Se trata de enmiendas de la mayor urgencia, que deben concertarse entre el Gobierno, las Cortes, el Congreso y la Academia, sin dejar por fuera a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial en todo el país, que también, con su experiencia, tienen mucho qué aportar.

Del mismo modo, las asociaciones y colegios de abogados deben participar, como afectados directos, en razón de los muchos problemas y obstáculos que hoy impiden a los colombianos un acceso efectivo y oportuno a la justicia.

Lo que se requiere es un vuelco total, a partir inclusive de la estructura de la Rama Judicial, y ello tiene aspectos muy complejos que no pueden ser resueltos simplemente con un articulado que reforme algunos preceptos constitucionales.

Son muchos los puntos que se requiere abordar desde la perspectiva legislativa y administrativa, y a mi juicio, asuntos como la congestión, la morosidad, la corrupción, el formalismo… son enfermedades que no por viejas resultan menos graves, y que están haciendo metástasis. Ellas no se curan, ni se alivian, simplemente aumentando el período de los magistrados, o cambiándole el nombre a un organismo.

La reforma a la justicia no puede ser cosmética, ni superficial. Tiene que ser profunda, muy bien diseñada y ampliamente debatida, de cara a la sociedad.

El Gobierno tiene la palabra, y vemos su buena intención. Con ella no basta. Es necesario elaborar un buen proyecto integral, o con mayor precisión, un paquete de proyectos que comprenda lo constitucional, lo legal y lo administrativo.