Mucho me temo que, después de la intervención del Presidente Uribe durante las exequias del Coronel Guevara en la Catedral Primada, los miembros de la Fuerza Pública que todavía permanecen en poder de las FARC y sus familias, han perdido, si no todas, buena parte de las esperanzas de una pronta liberación.

La semana pasada, el Jefe del Estado había declarado que el Gobierno podría acceder a un acuerdo humanitario en busca de la libertad de los plagiados, con la condición  -muy pertinente, aunque ilusoria-  de que los guerrilleros que salieran no volvieran a delinquir. Pero la posición presidencial cambió durante los días santos.

Ahora, en efecto, el Presidente ha notificado, explicando sus razones, que no habrá acuerdo humanitario durante los meses que le quedan de gobierno. Prácticamente lo descartó, porque las FARC nos han engañado muchas veces y porque no es posible equiparar a los guerrilleros presos en virtud de providencias judiciales, con los militares y policías privados de su libertad por un movimiento terrorista que los tortura y los deja morir.

Al menos en este Gobierno, entonces, no habrá canje humanitario. Y después, tampoco, por cuanto los candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo piensan igual que el Presidente Uribe.

De otro lado, el Presidente no se equivoca al afirmar que crímenes de lesa humanidad y delitos atroces, como el secuestro, no son amnistiables ni indultables a la luz de nuestra Constitución y del Derecho Internacional Humanitario. Aunque en realidad, un eventual convenio al respecto podría recaer lícitamente sobre aquellos delitos típicamente políticos, que en consecuencia pudieran ser objeto de indulto.

Y las FARC, por su lado, han advertido que las liberaciones unilaterales de Calvo y Moncayo son las últimas. Las futuras, solamente por canje: secuestrados a cambio de guerrilleros, que ellos consideran presos políticos.

La guerrilla, según entendemos, ya no exige el despeje de los municipios de Pradera y Florida, pero persiste en su exigencia del canje, que la otra parte  -el Gobierno-  no aceptará, toda vez que no comparte la tesis del estado de necesidad del que tantas veces hablara el expresidente Alfonso López Michelsen.

De tal manera que el requisito fundamental para un acuerdo, que es la voluntad de conciliar, no existe, y por tanto el panorama, para los secuestrados, es completamente negro:la única posibilidad de su libertad será por la vía del rescate armado, con los peligros que encierra.