Tuve oportunidad de participar en la pasada campaña electoral como candidato a la Vicepresidencia de la República cuando había sido postulado para el mismo cargo, por la campaña del doctor Uribe, el doctor Francisco Santos.
Además de haber sido un contrincante leal, de quien jamás se escucharon frases ofensivas ni descalificaciones injuriosas, debe decirse hoy, ya transcurridos los dos primeros años del gobierno, que es uno de los mejores funcionarios de la actual administración. Eficiente y serio, “Pacho” ha venido desarrollando con objetividad la tarea muy importante que le confió el Presidente Uribe, tanto en el campo de la lucha contra la corrupción como en el terreno, espinoso y difícil, de los derechos humanos.
Hasta ahora, no hemos escuchado de Santos ninguna declaración imprudente, y por el contrario sus intervenciones públicas se han caracterizado por la ponderación y la mesura, lo que ha significado para Colombia evitar varias confrontaciones diplomáticas, en un buen equipo con otra funcionaria eficaz y cuidadosa como es la Canciller Carolina Barco, a quien –dicho sea de paso- consideramos mucho en relación con la difícil coyuntura generada con Venezuela por la captura del señor Granda.
El doctor Santos ha mostrado una excepcional capacidad para captar la esencia de los muchos problemas que en materia de derechos humanos se han presentado en el curso del período presidencial, y es evidente que, a diferencia de su antecesor -completamente gris-, ha desplegado una actividad constante cuyos resultados se advierten.
Así, es importante mencionar entre los logros del Vicepresidente la elaboración de los programas de reinserción; la tarea orientada a lograr pronunciamiento favorable de certificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en materia de Derechos Humanos; la gestión, invaluable, de pedagogía sobre el tema en el seno de las Fuerzas Armadas; el repudio reiterado de los crímenes de lesa humanidad, ya provenientes de la guerrilla o de las organizaciones paramilitares; la importante campaña contra la corrupción, en colaboración con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, y en general la actitud del Vicepresidente, siempre dispuesto al diálogo y al análisis sobre estos asuntos, todos inaplazables.
La figura de la Vicepresidencia de la República quedó maltrecha e inutilizada en la Constitución de 1991, como lo muestra la estéril actuación de su anterior titular, pero se hace imperioso expresar -aun por quienes guardamos distancia crítica frente al Gobierno- que ha sido muy productiva en manos de Francisco Santos.
En todo caso, valdría la pena que se pensara, a propósito de reformas constitucionales –tan en boga-, en una que replanteara el papel del Vicepresidente dentro del Gobierno y en el campo de sus funciones, para que no dependa siempre su actividad del mayor o menor juego que le dé el Jefe del Estado.
Además del eventual reemplazo del Presidente en sus faltas absolutas o temporales, sería institucionalmente válido asignar al Vicepresidente de manera clara y con carácter permanente algunas funciones que, de una parte, desconcentren el ejercicio del poder ejecutivo; de otra, garanticen que los electores escogen a alguien para hacer algo concreto; y adicionalmente permitan que quien ocupe el cargo no resulte siendo, como ocurrió en el pasado, apenas un mal adorno.
