Lostecnócratas, que ignoran los problemas de la gente y que pretenden que hasta los trabajadores más humildes tengan computador y entiendan de Internet, de tecnología y de complicados formularios que parecen creados solamente para mortificar a los ciudadanos, ideó un sistema para el pago de los aportes a la salud, y su aplicación ha causado un verdadero caos que, además, tiene a muchos trabajadores, en especial independientes, por fuera de toda protección a su salud y la de su familia.
Se trata del famoso sistema PILA -PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES-, que el Ministerio de Protección Social ha impuesto a las empresas y a los trabajadores, obligando a hacer todo al tiempo, a pagar todo al tiempo, y por Internet, en un complicado entramado de preguntas, casillas, informes que ni las personas con conocimientos técnicos pueden llenar acertadamente.
Lo que se ha convertido para los usuarios en un dolor de cabeza frente al cual el Estado es indolente, proviene de millonarios contratos de consultoría que pagamos los contribuyentes, y de la falta de oficio de burócratas, que desde sus escritorios se convierten en dictadores.
Los usuarios han tenido que hacer largas colas, hasta altas horas de la madrugada, para reclamar una ficha con el objeto –frustrado- de que se les ayude a liquidar los aportes, y -en una demostración de que estos sistemas, en contra de los derechos, generan corrupción- se han encontrado con inescrupulosos que venden los cupos. Eso sin contar con los muchos "asesores" que cobran altas sumas a los usuarios, por "colaborarles" en el diligenciamiento del formulario.
Pero la gente quiere pagar; quiere hacer sus aportes, y no la dejan, con la consecuencia de que, no pudiendo demostrar el pago, no la atienden en las instituciones de salud.
Las cosas venían bien en cuanto a estos recaudos, y el invento ha provocado que todo se enrede, creando problemas que no existían.
El Ministerio de “Protección” social ha olvidado el artículo 83 de la Constitución, según el cual en las relaciones entre los particulares y las autoridades debe prevalecer el principio de la buena fe, que se presumirá "en todas las actuaciones" que aquéllos adelanten, y el 84, a cuyo tenor, "cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general (como la seguridad social), las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio".
Como se está bloqueando el acceso a los servicios de salud, se atropella el principio constitucional que concibe la seguridad social como un servicio público que debería sujetarse a principios que en este caso son totalmente contradichos por el sistema, como son los de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Ha sido quebrantado además el principio superior con arreglo al cual “se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud".
Hay, en síntesis, una gran confusión. Y la planilla ha fracasado. El Ministerio de “Protección” social tiene la palabra.
