La Constitución de 1991 proclama la diversidad étnica y cultural de la sociedad colombiana; consagra el principio de igualdad que exige dar el mismo trato a lo igual y trato divergente a lo distinto, y prohija una convivencia entre la mayoría y quienes tienen costumbres y creencias ancestrales que deben ser respetadas, sin perjuicio del imperio de la Constitución y las leyes colombianas; destaca el pluralismo como una característica y un principio fundamental del sistema jurídico; y establece el Estado Social de Derecho, del cual no pueden ser excluidos los indígenas.

Los grupos humanos tradicionalmente discriminados o marginados tienen derecho, y así lo reconoció la Asamblea Constituyente, a una reivindicación histórica.

Por ello, preocupa en alto grado la situación actual de los indígenas en nuestro territorio, consistente en el abandono extremo de sus pueblos; en el hambre de los niños y en la absoluta miseria de muchas familias. Y ello, por paradoja, precisamente en una época -la posterior a 1991- en que se han consagrado de manera explícita sus derechos tanto en la Carta Política como en la jurisprudencia constitucional.

Esta semana, James Anaya -Relator Especial de la ONU para los pueblos indígenas- condenó el asesinato de dos indígenas ocurrido en la noche del domingo, precisamente cuando adelantaba su visita de 5 días al país para rendir el informe que le fue encomendado por la organización internacional.

Anaya calificó de "grave, crítica y preocupante la situación de las etnias en el país".

Aunque reconoció la existencia de iniciativas gubernamentales sobre salud y educación, declaró que es urgente fortalecer programas que implementen los derechos sociales y económicos de los pueblos indígenas, incluida la provisión de alimentos y servicios de salud, especialmente para aquellas comunidades desplazadas y afectadas por el conflicto armado.

Habló, desde luego, sobre las acciones de grupos armados ilegales de diferentes tendencias, entre ellos las FARC, y los señaló de ser los principales responsables de asesinatos de indígenas y otros graves crímenes contra las etnias colombianas. Pero también denunció falsos positivos contra indígenas.

Es urgente e imprescindible que el Estado tome cartas en este asunto; que adopte medidas acordes con la función de protección que le asigna la Constitución, y que haga valer la defensa de los derechos humanos de sus integrantes.

La seguridad democrática también los debe cobijar, y el Estado Social de Derecho no puede seguir siendo inexistente para ellos.