La reciente detención del ex presidente del Congreso y actual presidente del partido "de la U", Carlos García Orjuela, independientemente de su culpabilidad o inocencia –que se presume mientras no sea condenado-, desde el punto de vista político representa -al lado de la detención de otros importantes jefes uribistas, en especial Mario Uribe, por causa de la "parapolítica", y de las denuncias y condenas de la llamada "yidispolítica"- un duro golpe para el Gobierno, pues ese partido dice ser el del Presidente de la República, y es sin duda el partido del Ministro de Defensa-. Es también un golpe para el uribismo, ya que otros partidos de esa misma corriente –como Cambio Radical- están diezmados por la "parapolítica"-, pero es ante todo un golpe fuerte para la gobernabilidad que resulta afectada de manera ostensible por lo que, a estas alturas, configura una verdadera crisis institucional de grandes proporciones y de efectos incalculables.

Quiero distinguir entre la objetiva situación de ingobernabilidad y el prestigio del presidente Álvaro Uribe, toda vez que la aceptación y popularidad del Presidente resulta eficaz -hasta ahora ha resultado- para detener la arrasadora fuerza del escándalo.

En efecto, mientras la popularidad es algo manipulable con un buen uso de los medios al servicio del Gobierno, y con una labor eficiente y productiva de las firmas encuestadoras, la gobernabilidad guarda relación con el conjunto material y real de elementos objetivos que dentro de la institucionalidad, permiten a un gobierno –cualquier gobierno- conducir a la sociedad a las metas que persigue, sin hallarse en el predicamento insalvable de destinar sus capacidades, empeño y esfuerzos a la propia defensa, cuando en circunstancias normales deberían estar dirigidos a realizar el programa previsto para su administración, así como a solucionar los muy variados problemas de la colectividad.

La pérdida de gobernabilidad, en el caso actual, no es apenas un percance, un incidente o un contratiempo -superables-, sino que se traduce en una continua inestabilidad; en un permanente sobresalto, en una necesidad indefinida de estar en guardia para contrarrestar escándalos, denuncias, decisiones judiciales adversas, informes, noticias, comentarios de medios de comunicación nacionales e internacionales; o de adelantarse a todas esas situaciones para salir airoso el gobierno ante la opinión pública. Eso implica ver, por ejemplo, al Presidente de la República descendiendo de su nivel de Jefe de Estado, para litigar personalmente ante la prensa, en un ir y venir de comunicados, con el objeto de contradecir y desacreditar los testimonios de una ex representante a la Cámara, condenada por cohecho, al haber recibido prebendas y canonjías –como lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia- a cambio de su voto –el decisivo- a favor del Acto Legislativo que hizo posible la reelección de ese mandatario. O contemplar, como lo venimos haciendo hace varios meses, una permanente refriega entre el Presidente y los magistrados de la Corte Suprema –incluso los auxiliares- que ha llegado inclusive, al nivel de denuncia de carácter penal formulada por el Presidente de la República contra quien desempeñó en 2007 el cargo de Presidente de dicha Corporación. O se muestra en las más recientes gestiones de buenos oficios de la Iglesia Católica, para que así, sea en el Palacio Arzobispal, se reúnan –como lo logró el Cardenal Rubiano- Gobierno y Corte, para "limar asperezas", como si el curso normal de los procesos que involucran a los amigos y parientes del Ejecutivo se pudieran detener o cerrar en gracia de un saludo cordial, o de una reunión amable.

Al momento de escribir estas líneas, el nuevo Ministro del Interior y Justicia intenta por todos los medios una "solución amigable" a lo que algunos llaman "el distanciamiento" entre el Ejecutivo y las altas corporaciones de la Justicia y con su experiencia de político, acostumbrado a arreglar todos los problemas en un desayuno o en una charla, está convencido de que logrará "ablandar" a los magistrados formulando propuestas deshilvanadas de reforma constitucional que consagre la cooptación, que les prolongue el período de su ejercicio a doce años, que aumente la edad de retiro forzoso, pero que a la vez asegure para el Presidente la facultad exclusiva de hacer postulaciones para el cargo de Procurador General, uno de los que faltan para estar en la repleta bolsa que maneja con pericia el doctor Uribe.

Todas estas características modalidades de actuación gubernamental, que distraen al Gobierno de su primordial papel a favor de la República, no afectan, sin embargo, la popularidad del Presidente, quien la encuentra y la renueva mediante las acciones militares y la lucha contra las FARC; el rescate de unos secuestrados –en especial el de Ingrid Betancourt- en el curso de una operación exitosa; las marchas a favor de la libertad y la campaña por el referendo para una segunda reelección.

Pero nos preguntamos: ¿Todo eso será suficiente para que la popularidad presidencial sea simultáneamente la mejor prenda de que el país está siendo gobernado? ¿Serán la guerra y el manejo de medios y encuestas los únicos factores de nuestra estabilidad política y jurídica?
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(*) Columna publicada originalmente en "Semanario virtual CAJA DE HERRAMIENTAS"
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