En las filas de las Farc. Foto edunewscolombia.com
Este 19 de mayo se ha conocido, inclusive por información de la ONU, que apenas en los últimos quince días, en Puerto Guzmán (Putumayo), fueron reclutados por las Farc, para ingresar a la organización subversiva, trece menores entre doce y quince años.
Bruno Moro, Delegado en jefe de las Naciones Unidas en Colombia conminó a los guerrilleros para que entreguen cuanto antes a los menores reclutados.
En sus palabras: “Hacemos un llamado a la reflexión, a una profunda consideración sobre las consecuencias de estos actos. Y que liberen a los niños y que comiencen a pensar en cómo liberar a todos los niños que han sido reclutados y sobre todo dejar esta práctica”.
El 23 de julio de 2008, en esta misma publicación, nos referíamos al conocimiento tardío por parte del Estado sobre la misma conducta. Sólo que se trataba de un grupo armado diferente. Pero, sea la guerrilla, los paramilitares, los delincuentes comunes o cualquiera otra organización al margen de la ley, se debe repetir que estamos ante una de las más graves violaciones de la Constitución y del Derecho Internacional Humanitario.
Veamos lo que entonces escribíamos:
"Una de las conductas más graves y reprochables por la cual son responsables los grupos armados que han venido azotando nuestro territorio es el reclutamiento de menores para vincularlos a sus filas, a la guerra contra la sociedad, a la violencia y al crimen.
Ya conocemos que esta odiosa práctica ha sido convertida en tradicional en la guerrilla, tanto en las FARC como en el ELN, y también se sabe que los paramilitares no se han quedado atrás.
Inicia la Fiscalía las diligencias orientadas a exigir a jefes paramilitares que declaren en los procesos acerca de ese vergonzoso reclutamiento que ha tenido lugar a lo largo de dos décadas.
Si estamos en el marco del proceso de Justicia y Paz, los "paras" deberán declarar la verdad, pues de lo contrario -al menos en teoría, pues ya vimos que en la práctica les otorgan la extradición para que negocien sus penas en los Estados Unidos- perderán los beneficios allí previstos.
Según las informaciones que se conocen, las autodefensas deberán responder por al menos 2.000 niños (que podrían ser 4.000, según cifras extraoficiales), que, como lo informó el diario EL TIEMPO hace dos semanas, fueron ocultados por los delincuentes y enviados a sus casas, sin pasar por ninguna institución oficial, ni haberse acogido a procesos de desmovilización. Sólo 450 menores fueron declarados oficialmente por las autodefensas y se desmovilizaron. Es decir, se le mintió a la justicia desde el comienzo, dejando a esos menores en la total desprotección, en un verdadero "limbo" respecto a Justicia y Paz, y sin ningún futuro; y eso, aparte del reclutamiento, de la “pedagogía” criminal y del efectivo secuestro de muchos de esos niños, constituye a su vez un verdadero crimen.
Lo más aberrante es que los menores, según dicen investigadores, fueron sacados de sus hogares, presionados y amenazados con el fin de que se incorporaran a la delincuencia. Obviamente, después, ya en el interior de esos ejércitos, fueron entrenados para el mal, obligados a cometer delitos y usados como "carne de cañón" en eventuales enfrentamientos con el Ejército o con la guerrilla, que a su vez hace lo propio.
Esta es una de las modalidades más crueles de acción delictiva, y una vulneración flagrante y permanente de elementales principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y , claro está, de nuestra propia Constitución.
Las preguntas que a estas alturas podemos formular son, entre otras:: ¿Hasta ahora se dá cuenta el Estado Colombiano? ¿Cómo pudo ocurrir esto durante 20 años y haber omitido el Estado su deber, cuando los jefes paramilitares se paseaban orondos en ciudades y campos sin que nadie les llamara la atención? ¿Qué se va a hacer ahora con esos 2.000 o 4.000 menores?".
Hasta ahora, no se conocen las respuestas. ¿Ocurrirá lo mismo con el caso que ahora nos ocupa?
