POR JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

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Se sabe ahora, no por testimonios ni por chismes sino por boca del mismo procesado, que el General retirado Mauricio Santoyo, en su momento Jefe de Seguridad del Presidente Álvaro Uribe, entre 2001 y 2008 colaboró, apoyó, informó y protegió a miembros de las organizaciones paramilitares, que cometieron en Colombia los peores crímenes contra la humanidad.

Santoyo no se declara responsable de narcotráfico. Apenas de haber ayudado a las autodefensas, como si esto último no fuera infinitamente más grave, y como si resultara menos vergonzoso para Colombia, cuando además se sabe que las dos actividades  -narcotráfico y paramilitarismo- no están divorciadas.

El escándalo es enorme. Mucho mayor en el exterior que dentro del país, porque aquí ya principiaron a funcionar las cortinas de humo. Pero no se puede tapar el sol con un dedo. La colaboración con los criminales tenía lugar desde el mismo centro del poder en Colombia.

Lo que nadie entiende es la razón para que todo se haya descubierto merced a la actividad de la Justicia norteamericana, más concretamente el Fiscal Neil Mac Bride, avalado por la Corte del Distrito Este de Virginia.

¿Por qué nada supieron en Colombia la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el Director de la Policía, ni el Ministro de Defensa, ni el Presidente de la República?

No puede pasar desapercibida la evidente omisión de nuestros órganos de control, en especial de la Fiscalía, y es claro que también falló la organización policial en sí misma, y que fue burlada por años su inteligencia.

Es incomprensible que Santoyo esté respondiendo por todo esto ante los jueces estadounidenses y no ante la justicia colombiana. Los delitos confesados se cometieron en Colombia y contra Colombia, pero quienes castigarán al delincuente serán los tribunales extranjeros. Aquí no se ha iniciado ningún proceso, hasta donde tenemos entendido.

¿Y por qué a un oficial con antecedentes de “chuzadas” se lo ascendió tan fácil a General de la República?

¿Cómo pudo el Senado aprobar ese ascenso, propuesto por el Presidente de la República, cuando la sanción de Procuraduría por interceptaciones ilegales se cayó en el Consejo de Estado no en razón de inexistencia de los hechos sino por prescripción de la acción disciplinaria?

Ahora bien, ¿quiénes y cómo responderán tanto jurídica como políticamente por este monumental escándalo de corrupción?

¿Se saldrá del paso diciendo que el Presidente de la República fue engañado por su Jefe de Seguridad?