POR TERESA CONSUELO CARDONA
Las políticas públicas en generación de empleo en los últimos años han sido fallidas. El Estado no ha hecho presencia para proteger a los trabajadores, como sí para reducir impuestos a los empleadores que abusan de sus empleados.
Mantener la autoridad estatal exige que ésta no sea desafiada por personas o grupos organizados, en virtud de que el Estado haga su presencia, consolidándose como autoridad legítima y legal. La presencia del Estado tiene múltiples manifestaciones, algunas tangibles y otras no. Entre las más visibles está la prestación de los servicios básicos a que tiene derecho un ciudadano y la regulación de los detalles económicos que les dan a los ciudadanos los equilibrios necesarios para su existencia digna. Sin duda alguna, una de las tareas coyunturales más importantes del Estado, lo constituye su capacidad y autoridad para dirimir los conflictos entre los ciudadanos, acudiendo siempre a la ley como marco de referencia, juzgando y castigando a quienes la infringen y más que nada, evitando que los problemas se acrecienten.
En teoría, eso está claro. Pero la práctica difiere mucho de esas nociones.
En Palmira, por ejemplo, el cumplimiento de la ley, deja de ser un límite del ordenamiento social, para terminar en un asunto de libre interpretación. La presencia del Estado, que no es la presencia de funcionarios públicos, ha sido un problema serio, que ha demostrado su expresión en, por ejemplo, la invasión de diversos territorios por grupos al margen de la ley. Esos grupos van desde guerrillas hasta paramilitares, pasando por narcotraficantes, mafiosos, extorsionistas y delincuentes organizados. Esa cesión de territorio ha dejado graves consecuencias difíciles de afrontar, como asesinatos, masacres, destierros, desplazamientos, y una herencia de dolor, desconfianza, desengaño, suspicacia y ausencias en las responsabilidades políticas de los ciudadanos. Parece un asunto atribuible a la historia de Colombia, pero es un asunto del presente.
Recientemente, el comandante de la Estación de Policía de Tienda Nueva fue asesinado en una acción adjudicable al cumplimiento de su labor. Fue un hecho en el que hombres armados, no identificados, tuvieron una actitud sospechosa. El policía, con una hoja de vida impecable, responsable totalmente de sus actos, enfrentó el asunto y, aunque neutralizó a los supuestos delincuentes quitándoles la vida, también perdió la suya. Hubiéramos preferido un final diferente, pero es la realidad en la que vivimos.
En consecuencia, según informó uno de los patrulleros de la estación, la comandancia de Palmira decidió que después de las 6:00 p.m. los agentes de policía no deben salir a atender ninguna situación en la región. Como quien dice, que la comandancia ordenó "vender el sofá". Y para proteger la vida de sus hombres, desprotege la vida de miles de habitantes de la región, que estarían expuestos a cualquier delito.
Cada semana, motociclistas de varias procedencias se enfrentan en competencias de velocidad, que popularmente se denominan "piques"; lo hacen en la vía que de Tablones conduce a Los Ceibos, sin que medie la presencia de ninguna autoridad. No es una competencia inocente, ya que se hacen apuestas fuertes en torno a los participantes, lo que genera tensiones y peligrosas relaciones que pueden desatar tormentas armadas. Pero al dar aviso a las autoridades, la respuesta que se recibe es que ellos no pueden desacatar la orden dada en Palmira.
Tranquilamente, una persona de la región puede interpretar esa ausencia del Estado como una advertencia para tomar sus propias medidas de seguridad, y ya todos sabemos lo que sucedió la última vez que en Colombia se les dijo a los propietarios rurales que debían armarse si querían conservar su integridad.
Ante una situación como ésta, en la que la policía no actúe oportunamente, es muy fácil que cualquier persona o grupo organizado desafíe al Estado, tome la justicia en sus manos y empiece a hacer su propia versión de la ley, constituyéndose en autoridad.
Resuena, sin embargo, el hecho de que el Estado sí haga presencia en el aumento del cobro de los impuestos. Aunque las autoridades municipales hayan dado unas explicaciones vagas al asunto, queda claro que hay un profundo desequilibrio en la interpretación que el gobierno hace de la presencia del Estado. Anuncia a través de una de sus funcionarias que puede probar que las tarifas se han mantenido, pero no responde a las preguntas que, con pruebas reales en la mano, demuestran lo contrario. Tampoco se puede responder juiciosamente a los interrogantes que la comunidad hizo en torno a los criterios de evaluación que se aplicaron, y en torno al hecho, por demás cierto, de que los afectados son, justamente, quienes mejor comportamiento y responsabilidad han demostrado con la ciudad, pagando año tras año sus impuestos. Las políticas públicas en generación de empleo en los últimos años han sido fallidas. El Estado no ha hecho presencia para proteger a los trabajadores, como sí para reducir impuestos a los empleadores que abusan de sus empleados.
Algunos miembros del Estado, en su terna legislativa, están más preocupados del supuesto cumplimiento de la ley que del análisis de las consecuencias que sobre sus electores tengan las medidas tomadas. Es decir, algunos concejales se escudan en que deben salvarse de un posible juicio, cuando en realidad están furiosos porque el pueblo no se resignó a sus decisiones arbitrarias.
Aquí se presentan sólo dos ejemplos de la falta de presencia del Estado, pero es sabido que son muchos más. Creo que es hora de que los ciudadanos, tal como lo hicieron el pasado viernes en el recinto del Concejo Municipal, empiecen a valorar la diferencia entre la presencia del Estado y la presencia de los funcionarios del Gobierno. La segunda no sustituye a la primera.
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(*) Periodista, Comunicadora Social, especialista en Gestión Política, Doctorado en Ciencias de la Comunicación. Clasificada en Categoría A1, por Colciencias (COL).
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