Análisis de La Voz del Derecho: La suspensión del Proceso de Paz.
El secuestro del General Rubén Darío Alzate y sus acompañantes fue la gota que desbordó la copa de la paciencia del Presidente Santos respecto a la continuidad del proceso de paz en medio del conflicto.
La organización guerrillera había prometido cesar definitivamente en la detestable práctica del secuestro, un crimen atroz que ofende la dignidad y pone en peligro la vida y la integridad del plagiado a la vez que tortura de modo indescriptible a su familia.
Pero han seguido secuestrando y mantienen a muchos civiles privados de su libertad desde hace años. Y ahora secuestran de nuevo a miembros de la Fuerza Pública.
El país ha mirado con esperanza el proceso de negociaciones en La Habana, y somos muchos los que apoyamos la actividad del Ejecutivo en tal sentido. Colombia necesita la paz, después de medio siglo de violencia.
Pero, desde luego, el Gobierno sí ha debido exigir antes, y debe ahora, exigir unas condiciones mínimas para proseguir las conversaciones de paz: liberación de todos los secuestrados; no seguir atentando contra la población civil ni contra la infraestructura energética y de comunicaciones del país; dejar libres a los jóvenes y niños reclutados, y mostrar, con hechos de paz que se tiene voluntad de paz.
La suspensión de los diálogos es una oportunidad para que el Gobierno y sus negociadores establezcan unas condiciones mínimas. Van dos años desde el comienzo del proceso. Al parecer, según el Ejecutivo, se ha avanzado mucho, pero nadie entiende por qué, si ello es así, la organización guerrillera parece estar buscando acabar con el proceso.
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