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A propósito del triunfo electoral de nuestro próximo presidente Iván Duque, he querido escribir estas breves líneas sobre su propuesta de unificación de las Altas Cortes. La rama judicial en nuestro país se divide en cuatro grandes jurisdicciones: la ordinaria, que se encarga de resolver conflictos entre particulares, la contencioso administrativa, cuya función es fallar controversias entre los particulares y el Estado, la constitucional, que merece un comentario particular pues todos los jueces de la República están investidos de jurisdicción constitucional, y, por último, la jurisdicción disciplinaria que impone sanciones a operadores del derecho. Cada jurisdicción cuenta con un órgano de cierre: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura
La propuesta del presidente Duque, durante su campaña, ha sido eliminar la división de las jurisdicciones tal como las conocemos hoy en día y, en su reemplazo, instituir una única Corte dividida en salas que acojan las especialidades bajo conocimiento de los antiguos órganos de cierre. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué tan conveniente es la reforma?
El artículo 229 de la Constitución Política establece que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental de todos los colombianos. Sin embargo, las cifras demuestran lo contrario, por cada 100.000 habitantes nuestro país cuenta con un promedio de 10.95 jueces, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el promedio de jueces por cada 100.000 habitantes es de 65.[1]Así mismo, en el año 2014, la congestión en los despachos judiciales alcanzó cifras alarmantes, que conllevaron a que el Consejo Superior de la Judicatura adoptará un Plan Especial de Descongestión[2], y a que, se reformaran las legislaciones procedimentales para adoptar esquemas de oralidad con el fin de imprimir celeridad a los trámites jurisdiccionales.
De otra parte, aunados a los problemas de congestión y déficit de operadores jurisdiccionales, la crisis de legitimidad que afronta la justicia desde que estallaran sonados casos de corrupción como el cartel de la toga o el caso de Fidupetrol en la Corte Constitucional, ha sido otro de los grandes obstáculos para la consecución de la recta impartición de justicia y es que, recordemos, las Altas Cortes hoy cuentan con funciones nominadoras que les permiten, en el caso de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, elegir a sus propios jueces y postular ternas para la magistratura en la Corte Constitucional.
Hasta ahora hemos recogido tres problemas: déficit de funcionarios, congestión y corrupción. La propuesta de Duque, sin consideraciones adicionales de cambios importantes en las funciones nominadoras, no parece combatir ninguno de estos problemas. Por el contrario, se asemeja a una reestructuración burocrática de la rama judicial, que, en últimas, podría coartar la independencia con que las distintas jurisdicciones han funcionado, para mal o para bien, hasta el momento.
Ahora bien, una reforma judicial de fondo requiere del fortalecimiento de la carrera judicial, la implementación más ágil y eficaz de las nuevas tecnologías de la información en el trámite jurisdiccional, el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de controversias y de modelos alternos de justicia como son los jueces de paz, creados por la Constitución de 1991 y, por supuesto, un replanteamiento de las funciones nominadoras de las Cortes, para evitar nuevos “carteles de la toga”, así como también una veeduría mucho más fuerte y un procedimiento más transparente en los procesos de selección de tutelas en la Corte Constitucional. No se trata de copiar por copiar, el hecho de que en países como Estados Unidos funcione una única Corte, no significa que en Colombia vaya a ser una solución eficaz.
Estoy convencido de que, con todo y escándalos, la Corte Constitucional ha desempeñado una labor trascendental en la protección de los derechos fundamentales y en la guarda de la Carta del 91. El deber del presidente Duque es velar por su fortalecimiento y no debilitarla. Esperemos el devenir de la próxima legislatura y lo que nos aguarda con el nuevo gobierno.
Diego Alejandro Hernández Rivera
Miembro del Centro de Estudios Integrales en Derecho (CEID)
Twitter. @Diegoooh94
