No parece consecuente la actitud del Presidente de la República cuando, de una parte, llama a calificar servicios a 27 miembros del Ejército y sindica a integrantes del mismo de haberse confabulado con delincuentes para no capturarlos, a la vez que, por otro lado, lanza un ataque furibundo contra José Miguel Vivanco, de “Human Rights Watch”, por haber dicho lo mismo que el Gobierno colombiano reconoce: que en Colombia están siendo violados los derechos humanos.

Es posible que el doctor Uribe no haya medido con exactitud, en toda su dimensión, el impacto causado en el mundo por su reciente decisión de purga dentro de la institución militar, como consecuencia de la investigación administrativa interna que lo llevo a concluir en la responsabilidad  -por acción u omisión-  de oficiales y suboficiales del Ejército, por la comisión de verdaderos crímenes, como él mismo calificó lo de Soacha, que  -según parece-  es apenas “la punta del iceberg”.

Lo que ha prendido las alarmas de las organizaciones de Derechos Humanos, dentro y fuera de Colombia, y de organismos como las Naciones Unidas, ha consistido en la evidente existencia de un plan  -todavía no sabemos fraguado por quién-  previsto con antelación, y ejecutado a lo largo de meses, e inclusive años, en cuyo desarrollo muchas personas han sido asesinadas con la finalidad de mostrar positivos inexistentes.

Si eso  -que se conoce con el infortunado nombre de “ejecuciones extrajudiciales” (como si pudiera haber “ejecuciones judiciales”)-  no corresponde a una flagrante y grave actividad violatoria de los Derechos Humanos, vista y entendida así por el Presidente y su Ministro de Defensa  -quienes han expresado su voluntad de desenmascarar a los autores materiales e intelectuales de tan macabro programa delictivo-,  tendríamos que concluir que nada vulnera esos derechos, o que ninguna responsabilidad cabe al Estado colombiano por haber permitido, y hasta auspiciado  -aunque haya sido involuntariamente-  semejantes crímenes.

La contradicción es todavía mayor si tenemos en cuenta que, en el trámite de la Ley de Víctimas, se pretende introducir modificaciones del texto orientadas a desconocer o ignorar que hay en Colombia crímenes cometidos por agentes estatales, respecto de los cuales también debe haber responsabilidad y resarcimiento en cabeza de los victimarios. Se quiere tapar el sol con un dedo.

No cabe duda: el Gobierno ha actuado con valor al tomar decisiones, pero debe también evitar los mensajes contradictorios, que confunden y preocupan.

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