Hace unos años, cuando la ETA asesinó a un diputado español, el pueblo, sin fisuras y sin discriminaciones, reaccionó vigorosamente, e hizo saber a los violentos que la sociedad los rechazaba y condenaba, y que no les sería tan fácil  doblegarla con base en el crimen y el delito.

Tal parece que lentamente va ocurriendo en Colombia algo similar, aunque no con  la misma fuerza y persistencia.

Con motivo del salvaje atentado contra el Club El Nogal en Bogotá y a raíz del horror generado en la colectividad por la bajeza y crueldad del ataque, hemos visto en estos días que distintos sectores de la población -independientemente de su estrato social, de su educación, de sus convicciones políticas, de su afinidad o lejanía de las directrices oficiales, de su concepto sobre el Gobierno, de las distancias generacionales- parecen haber comenzado a tomar conciencia, en serio, sobre la magnitud de la guerra interna desatada y acerca del compromiso directo de todos con el conflicto.

Esto es positivo, si se tiene en cuenta, como antecedente necesario, el fenómeno de normal indolencia en medio del cual la tragedia y la muerte se han venido adueñando del país.

Infortunadamente, el conjunto  de acontecimientos que todos los días abruma las páginas de los diarios y las emisiones periodísticas de los medios electrónicos, presenta a Colombia como el paradigma de lo que no debe acontecer en una sociedad; que se está destruyendo a sí misma progresiva y fatalmente, sin que hasta ahora sus distintos estamentos hayan asumido a plenitud los alcances de la obligación colectiva de salvar al conglomerado.

Lo que esperamos todos es que los actuales momentos de madura reflexión no sean tan pasajeros como lo han sido tradicionalmente entre nosotros las expresiones generales de rechazo al crimen, y ello por cuanto un nuevo olvido de nuestra propia tragedia, llevados por discusiones estériles y por afanes inmediatistas, haría profundizar todavía más la gravedad de la situación que hoy más que nunca nos afecta.

Experiencias similares tuvimos horas después de la toma del Palacio de Justicia, de la muerte de Lara Bonilla, del asesinato de Galán, del crimen de Alvaro Gómez, y los días posteriores a pérdidas violentas tan lamentables como las de Diana Turbay, Enrique Low Murtra, Jaime Pardo Leal o la Cacica Consuelo Araújo Noguera. O a propósito de la muerte del niño que no pudo volver a encontrarse con su padre secuestrado, o en relación con los secuestros de todos los días..., pero todo es noticia, muy intensa, de una semana, mientras otra noticia llega, y todo pasa. Y la conciencia se duerme, y la acción se neutraliza.

Por eso, miramos con optimismo el hecho de que, al menos en algunas zonas de la población, haya principiado el despertar, y con él la indispensable solidaridad que nos ayude a sobrevivir, sin claudicar ante el delito.

También nos parece acertada la posición del Gobierno, en el sentido de principiar a considerar, respecto de los crímenes de guerra, la posibilidad de retirar la salvedad que, con su conocimiento, hiciera el expresidente Pastrana en cuanto a la vigencia del Tratado de Roma y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para Colombia.

El crimen colectivo perpetrado en “El Nogal” es, sin duda, un delito de lesa humanidad, al cual -sin necesidad de ese retiro de la salvedad- se aplica hoy directamente, a falta de la actividad del Estado colombiano, el Tratado de Roma, pero resulta necesario que, como lo está pensando el Presidente Alvaro Uribe, utilicemos absolutamente todas las herramientas institucionales, a nivel nacional e internacional, para luchar contra el terrorismo, claro está sin caer en la posición absurda e incomprensible de algunos, que confunden el terrorismo con el contrabando y, peor aún, con los fallos judiciales.