De las ambiguas  palabras del Relator de Naciones Unidas, Leandro Despouy, se concluyó que no le pareció grave el conflicto existente entre el Presidente de la República y la Rama Judicial –en especial, con la Corte Suprema de Justicia-, o que, para él,  no existe  conflicto.
Pero el conflicto está presente, como lo comprobamos al escuchar el discurso del Presidente de la Corte Suprema durante el Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, y el sábado, cuando el Presidente de la República reclamó a los magistrados aplicar el rigor jurídico en sus decisiones, reproche que no es de poca monta cuando proviene del Jefe del Estado.
El enfrentamiento, según esas posiciones de las partes, no tiene posibilidades de disminuir, y menos de terminar mientras siga adelante la Corte  con los procesos de la "parapolítica" (esa es su función, y los magistrados prevaricarían si no la ejercieran) , y en cuanto el Presidente continúe pensando –sería bueno establecer si cuenta con elementos de juicio suficientes para que esa sea más que una intuición-  que todos esos procesos lo tienen a él como objetivo final.
No entendemos cómo el funcionario de la ONU puede creer que la actual situación no es grave, al menos no tan grave como para merecer su intervención.
Lo que hay es un lamentable y persistente proceso de desinstitucionalización,  no solamente por el choque entre el Presidente y los magistrados, sino también por el desprestigio del Congreso; por la manera politiquera y clientelista como  están siendo elegidos en las propias cortes y en el Congreso,  los nuevos magistrados y las cabezas de los organismos de control; por los cruces de favores entre unos y otros, como lo ha denunciado Uribe al hablar del famoso "roscograma"; por la improvisación en la elaboración de los proyectos de reforma constitucional; por el irresponsable ejercicio del poder para modificar la Carta Política;  por los frecuentes errores cometidos en los procesos penales; por la desconfianza que está generando en los ciudadanos la increíble morosidad judicial; por la impunidad reinante; por las constantes peleas entre las altas corporaciones; por las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República sin coordinación alguna con el Gobierno.
En fin, las instituciones están en una crisis, cuya gravedad no podemos ocultar, ni conviene disimular, y que va a conducir a nuestra democracia –usando la expresión de Uribe- a una verdadera hecatombe.
www.elementosdejuicio.com