La cifra de uno de los últimos boletines de la  Registraduría sobre los votos nulos para Senado -1.403.913- es apabullante. Si sumamos los votos en blanco -391.456- y las tarjetas no marcadas -473,351-, y la abstención –prácticamente del 60%-, tenemos claro que el sistema electoral para corporaciones públicas hizo crisis el 14 de marzo.

 
Lo dijimos el 21 de enero de este año en comentario radial, con las siguientes palabras:
 
“Como se aproximan las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, conviene hacer la observación -que ojalá tengan en cuenta las autoridades electorales- acerca de la forma en que se ha venido diseñando la tarjeta correspondiente a cada una de esas corporaciones.”

 
De un lado, la presentación de los respectivos logos de los partidos y movimientos políticos en la parte superior, con una serie de números en la parte inferior, no encaja en la previsión del artículo 263 A de la Constitución para el caso de las listas abiertas o voto preferente, que dice textualmente: ”Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. En tal caso, el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan en la tarjeta electoral” .

Como se ve, el voto preferente tiene sentido, como voto de opinión, en la medida en que el ciudadano identifique a su candidato favorito en el momento de sufragar, y no esté amarrado a la instrucción previa y probablemente interesada de quien le ha indicado un logo y un número que debe memorizar, o a una cartilla que se supone deberían entregar en todas las mesas de votación, y no entregan prácticamente en ninguna. Las confusiones son muy posibles, y las nulidades también”.
 
Nadie hizo nada. Y el caos fue mayúsculo. Además, los datos se suministraron muy tarde. En la noche del domingo no llegaban  ni al 50%  los votos contabilizados, y en lo que concierne a la consulta en el Partido Conservador, se ha generado desconfianza, dudas, sospechas y graves dificultades, con no menos graves efectos políticos.

 
Es necesario revisar el sistema. Eso es indudable. El tarjetón no solamente era inmanejable, en especial para el ciudadano del común –eso es muy grave desde el punto de vista democrático-, sino que abiertamente riñe con la Constitución, como se ve. Pero no es sólo el tarjetón lo que se debe reemplazar. Hay que reconsiderar todo el sistema, y volver a pensar si seguimos o no con el voto preferente.