La Conferencia Episcopal Colombiana suele tratar temas de la mayor importancia para el país.

Es bueno registrar que los obispos no permanecen ahora encerrados en una esfera ajena a los problemas de la gente; que tienen inquietudes; que se formulan preguntas sobre el futuro de la Nación; que hacen propuestas, y que, con base en el estudio y la experiencia, tienen tesis muy fundamentadas acerca de la realidad que circunda su actividad apostólica.

Destacamos por ejemplo lo expresado por el Presidente de la Conferencia,  Monseñor Rubén Salazar, quien ha sostenido con razón que el conflicto armado existente no puede seguir siendo tratado bajo la exclusiva óptica del orden público o de las negociaciones de paz.

Señala el prelado  -y lo compartimos-  que “el conflicto armado no se soluciona simplemente con el cese del fuego o con sentarse a negociar; el conflicto armado terminará cuando se solucione el problema social; cuando logremos una sociedad verdaderamente justa y solidaria, donde todos tengamos derechos respetados y donde podamos cumplir con nuestras obligaciones”.

Traduciendo esas palabras al lenguaje constitucional, podemos indicar que la mejor política contra la violencia desatada en el país es la práctica y realización de los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho.

Como dice el Obispo Salazar, se pueden desarmar las guerrillas de hoy, y ello en nada garantiza que otras personas no quieran seguir el mismo camino.

Mientras no se desmonten de verdad las causas sociales de la violencia, y mientras grandes zonas del territorio permanezcan abandonadas por el Estado colombiano, todo lo que se haga en busca de una paz duradera será en vano.

No se pierda de vista que, en buena parte, los jóvenes reclutados por la guerrilla o por los paramilitares  -en notorio desconocimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario-  lo son en regiones en las que imperan el hambre, el desempleo y la total carencia de oportunidades; sitios a donde no llegan los servicios de educación, ni de salud. Los violentos de todas las tendencias hacen de las suyas cuando no hay presencia del Estado, que no sólo debería pisar esos territorios con los soldados y las armas, sino con los servicios sociales a su cargo.

Es un mensaje significativo el de Monseñor Salazar y la Conferencia Episcopal que preside. El Gobierno Nacional debe combatir a la guerrilla, pero atender también el trasfondo social del conflicto.