La carta suscrita por el Fiscal de la Corte Penal Internacional,
publicada en forma exclusiva por EL NUEVO SIGLO, no es un documento
más, al que nuestro Gobierno pueda darse el lujo de "responder" sin
responder, como suele hacerse, ya que, si bien allí se advierte que no
hay un proceso iniciado y en curso –hasta el día en que se firmó la
misiva-, es claro que en la Corte hay inquietudes acerca de los temas
objeto de aquélla. Son temas delicados, de evidente competencia de la
CPI, respecto de los cuales, si no hubiese muchos interrogantes, las
preguntas no habrían sido formuladas.
Los interrogantes son muy concretos, y merecen respuestas concretas:
1) Se quiere "analizar los procesos criminales pendientes a los
máximos responsables de crímenes" que son de competencia de la Corte;
2) ¿Qué pasó con "las extradiciones de varios líderes paramilitares a
los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos
Mario Jiménez, alias Macaco"?
3) ¿ "Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de
crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a
dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados
a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber –dice el
Fiscal- si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la
comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la
extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en
la eficaz investigación de los mencionados políticos".
4) El asunto, a pesar de no haber todavía procesos en la CPI, no es
propiamente informal, ni es por molestar que el Fiscal pide esas
explicaciones. Por ello, las respuestas deben ser remitidas por el
conducto oficial, no simplemente por cortesía; y las inquietudes se
deben dirigir al Jefe de Análisis de Situaciones de la Oficina del
Fiscal de la CPI. Ello indica que las respuestas del Estado
colombiano deben pasar de las simples palabras y promesas, como la de
que "no habrá impunidad", pues no se está contestando en un reportaje
para causar el impacto al que nos tiene acostumbrados el Ejecutivo,
sino que cuanto se diga será objeto de análisis por la dependencia
mencionada, para corroborar los datos y cotejarlos con otros que
seguramente ya tiene la Oficina del Fiscal, y establecer, con base en
el material que recaude, si abre o no procesos en relación con tan
espinosos asuntos.
