En un nuevo capítulo del escándalo por las presuntas irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro, ayer ante la Corte Suprema de Justicia se escucharon los alegatos de conclusión de la Fiscalía que busca la condena del ex ministro Andrés Felipe Arias por los delitos de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. La violación de las normas sobre contratación estatal radica entre otras razones al hecho de que para el programa no se realizaron estudios previos, no se realizó proceso de selección objetiva y muy por el contrario se efectuaron Convenios de manera directa con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria -IICA- que, según afirma la Fiscalía, se debió haber usado otro modelo de contratación ya que dichos convenios eran para la administración de recursos y no para cooperación científica, además el IICA no tenía la experiencia o capacidad para ejecutarlos.
Por otro lado están las motivaciones que según el ente acusador el ex ministro Arias tenía. Para la Fiscalía se trataba de un interés político con un afán de cumplir con un compromiso político adquirido y que en el caso de Agro Ingreso Seguro tenía paralelo con el caso de préstamos al sector de las flores a través del Banco Agrario, los cuales tuvieron pocos controles en el desembolso del dinero y que con el tiempo se evidenció la coincidencia entre quienes recibieron la ayuda y quienes aportaron a la campaña de la consulta conservadora a favor de Arias en 2010.
En su defensa Arias ha asegurado en repetidas ocasiones que el hecho de ser diligente no es ningún delito, que cumplió con la normatividad de contratación estatal y que él y sus funcionarios fueron engañados en su buena fe y que además, en el momento en que se dieron cuenta de las fallas del programa tomaron los correctivos necesarios para subsanarlos.
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