Que en Colombia existe una crisis del Derecho y de las instituciones, lo venimos diciendo hace tiempo. Con una característica preocupante: que quienes desempeñan los más altos cargos están dando mal ejemplo al ciudadano común y que algunos aprovechan los cargos para satisfacer intereses personales o políticos. Eso es muy grave en una democracia, y, como lo anunciara en su tiempo Sócrates, puede conducir a la destrucción de la sociedad. También Jesucristo lo dijo respecto a Jerusalén, cuando proclamó que de esa ciudad –que perseguía a los profetas y mataba a quienes le eran enviados- no quedaría piedra sobre piedra.
¿Qué hay en el fondo?
Que, como hemos dicho, hace falta la correspondencia necesaria entre las funciones propias de los cargos y la dignidad e imparcialidad con la cual se ejercen.
Decían los romanos que la mujer del César no solamente debía ser casta sino parecerlo, es decir, no dar pie a comentarios, a la malevolencia ni a la imaginación morbosa.
Lo propio ocurre con los cargos públicos, en especial cuando se administra justicia o se cumplen funciones de control y vigilancia.
Por eso nos parece que, si bien la Contralora Morelli tiene derecho a la presunción de inocencia y a las garantías procesales, el Fiscal, de acuerdo con la Constitución, ante la noticia criminis, no solo tiene el derecho sino el deber de investigarla. Investigar no es perseguir.