Cuatro fiscales federales reemplazarán en la Unidad Fiscal especial al fiscal Nisman, encontrado muerto en su apartamento un día antes de mostrar las pruebas de la denuncia en contra de Cristina Fernández de Kirchner; evidencias que serían presentadas ante la Cámara de Diputados de Argentina.
Tal es el grado de prevención que existe en el país suramericano, a propósito de la investigación –no resuelta después de 20 años- del atentado a la AMIA; la reciente muerte del fiscal Nisman a cargo de la investigación adelantada para aclarar lo sucedido en ese 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); y, la imputación a la Presidenta Argentina por varios delitos entre ellos el “encubrimiento agravado” a terroristas iraníes señalados de perpetrar el atentado, qué la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afirmó: “"Logramos formar un equipo que nos parece muy equilibrado por su integridad y valentía".
La causa fue abierta bajo el número 777/15 con fundamento en la denuncia de Nisman. El Fiscal Pollicita solicitó la práctica de numerosas pruebas y vínculo con la Kirchner, a su canciller Héctor Timmerman, al dirigente kirchnerista Luis D’Elía y al diputado Andrés “Cuervo” Larroque, entre otros.
En la imputación, el Fiscal vinculó a la investigación a la Presidenta en los siguientes términos: “En principio, resultan imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones la Sra. Cristina Fernández de Kirchner –Presidenta de la Nación-, los Sres. Héctor Marcos Timerman –Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -, Andrés Larroque –Diputado Nacional-, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia –ex Fiscal Federal-, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche y un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado”.
Y, tomando párrafos textuales de la denuncia de Nisman, dejó claro que es con fundamento en ella que se vincula a la Presidente del país argentino, con el delito de encubrimiento agravado de los terroristas iraníes:
Imagen de: www.haaretz.com
“OBJETO PROCESAL.- Las presentes actuaciones tienen su origen en la denuncia formulada, con fecha 14 de enero de 2015, por el Dr. Alberto Nisman –entonces Fiscal a cargo de la Unidad de Investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA-, con el objeto de que se investigue la existencia de un plan destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en la causa instruida por el denunciante, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina”.
(…)
“Esta confabulación habría sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, según refiere la denuncia, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 incisos 1 y 3, 241 inciso 2 y 248 del Código Penal de la Nación)”.
