Se surten procesos de sendas reformas constitucionales en países vecinos de Colombia, como Venezuela y Ecuador.
En el caso venezolano, el Presidente Hugo Chávez ha obtenido el más absoluto respaldo de la Asamblea Legislativa, que le ha otorgado plenos poderes, a través de ley habilitante, con el propósito de desarrollar el programa trazado desde la campaña por la reelección, que consiste básicamente en instaurar un sistema jurídico y político de carácter socialista con inspiración bolivariana.
En cuanto a Ecuador se refiere, el proceso, que tendría lugar -como lo quiere el Presidente Correa- mediante la convocatoria popular de una Asamblea Constituyente, con propósitos parecidos a los venezolanos, atraviesa hoy por una etapa de graves dificultades políticas, debido a la oposición de numerosos diputados; a la declaración del Congreso en emergencia; a la destitución de diputados opositores; a las intervenciones de manifestantes mediante el uso de la fuerza, y a permanentes enfrentamientos de los propios legisladores con la fuerza pública…, entre otros acontecimientos, lo que ciertamente ha enturbiado el trámite de la propuesta presidencial.
En todo caso, lo que se espera, a corto plazo, es que, si no hay una crisis institucional -como todo parece indicar que la habrá en Ecuador-, y si el Presidente Correa logra la ansiada reunión de la Asamblea Constituyente, se introduzcan en la Carta Política actual modificaciones trascendentales, que en realidad significarían la sustitución del actual Ordenamiento.
Bajo una perspectiva constitucional, lo que debe destacarse, tanto en Venezuela como en Ecuador, es la profundidad de los cambios que pugnan por imponerse, lo que precisamente explica los graves enfrentamientos políticos que actualmente tienen lugar en los dos países.
No toda crisis conduce a la destrucción, y bien puede pensarse que la presente coyuntura constitucional, una vez superada, dará paso -si es que triunfan los presidentes de una y otra nación- a esquemas institucionales novedosos, bien distintos de los que vienen rigiendo en los países de América Latina.
Entre tanto, en Colombia se produce un fenómeno constitucional diferente en sus características, y aunque con menos sobresalto, después de la Constituyente de 1991, se han introducido al nuevo Estatuto más de veinte reformas, unas más profundas que otras, pero inspiradas en conceptos jurídicos divergentes y en criterios políticos distantes de los que imperaron en la Asamblea.
