Con las presunciones simples, absolutas y relativas, las pruebas jurídicas son otros medios para llegar a la certeza en los procesos judiciales. Las fuentes de la certeza son las vías que nos llevan a conocer que un hecho existió o existe o que no ha existido y cuando las ponemos en práctica, al servicio de la investigación de una verdad en juicio,  convirtiéndolas en instrumentos de verificación y confrontación, las llamamos pruebas o medios de prueba.

 

Los medios de prueba son por tanto, los instrumentos de verificación y confrontación  de los que nos servimos en la investigación de una certeza tanto formal o ficticia, como esencial o real, pues lo decimos aplicados a la materia jurídica.

 

La determinación de las pruebas entra tanto en la esfera del derecho civil como en el campo del derecho penal, en  el administrativo e inclusive en el constitucional, y por supuesto, en el laboral. La razón que tiene el legislador para fijar los medios de prueba de antemano y no dejarlos ni al arbitrio del juez ni de las partes, es el interés público porque, si probar, en el segundo sentido de la palabra prueba, es ejercitar un derecho, la ley debe tener esto en cuenta para reconocer y regular este ejercicio con el fin  de que los derechos de las partes tengan la virtualidad necesaria para demostrarse a la hora en que sean sometidos a un litigio, cosa que no podría hacerse si previamente ella no fijara los  medios de prueba correspondientes, es decir, los aceptados.

 

En el derecho constitucional, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de la corte constitucional colombiana, la prueba también se constituye en sí misma, en un derecho: el derecho a la prueba que es una forma de defensa en el curso de cualquier proceso judicial o actuación administrativa. El derecho a la prueba se ha podido reclamar inclusive mediante acción de tutela para defensa de los derechos fundamentales en el campo del debido proceso.