Aunque no dio muy buenos resultadosen el caso de la elección de seis magistrados de la Corte Constitucional, se ha conformado una Alianza de la cual harán parte la Corporación “Excelencia en la Justicia”, “Transparencia por Colombia”, “Congreso Visible”, la Misión de Observación Electoral y el Instituto de Ciencia Política, con el objeto de hacer el seguimiento del proceso de elección del nuevo Fiscal General de la Nación, ya que el doctor Mario Iguarán termina su período el próximo 31 de julio.
Desde luego, sin lesionar la autonomía del Presidente de la República para elaborar la terna a que se refiere el artículo 249 de la Constitución, ni la que corresponde a la Corte Suprema de Justicia para la escogencia del Fiscal, la verificación del proceso por parte de la ciudadanía es muy importante, en especial en lo que se refiere a la necesidad de asegurar que a tan importante cargo -Dios así lo quiera- llegue un jurista estructurado e independiente, que aun habiendo sido ternado por el Jefe del Estado, sea capaz de cortar desde el principio el cordón umbilical que ha permanecido en otros casos.
El sistema colombiano, aunque plasma algunos de los componentes del sistema penal acusatorio que rige en otros países, tiene sus propias características, y una de ellas consiste en que el Fiscal General hace parte de la Rama Judicial del Poder Público, y definitivamente -en un esquema de separación funcional- no depende del Presidente de la República, ni hace parte del Gobierno.
Algún ministro dijo en el pasado que el Presidente de la época tenía derecho “…a tener su propio Fiscal”. Nada más erróneo, si consideramos el contenido y los principios de la Constitución.
Entre otras cosas, sería bueno pensar hacia el futuro en quitar al Presidente de la República la función de elaborar la terna, pues en ese aspecto se equivocaron los constituyentes, en cuanto la independencia que quisieron garantizar por un lado la eliminaron por el otro.
El Fiscal debería ser totalmente ajeno al Gobierno. No debería haber laborado con él, bajo la dirección del Presidente. Y no debería salir de una terna de origen presidencial.
Empero, como esas posibilidades existen hoy, según las reglas constitucionales vigentes, es necesario depositar la confianza en las personas de los aspirantes, todos los cuales deberían comprometerse con la sociedad a ejercer su cargo, si son elegidos, de manera autónoma, sin contraer dentro del proceso de postulación y selección compromiso alguno distinto del de cumplir la Constitución y la ley, persiguiendo el delito.
En un momento en que la mayor parte de los órganos que deberían ser independientes se encuentran en manos de lo que Ferdinand Lasalle denominó “los factores reales de poder”, y muy concretamente “controlados” por el Presidente de la República, es deseable que el próximo Fiscal General de la Nación, elegido en el curso de un proceso transparente, vigilado por la sociedad, se emancipe desde el momento mismo de su postulación.
