La idea de justicia, desde Ulpiano, guarda relación entre lo que se recibe y lo que se merece. Dar a cada uno lo suyo, según la conocida definición.
En materia penal este principio se concreta en una proporcionalidad -medida por los jueces- entre las conductas punibles de las cuales se es culpable y la aplicación de las sanciones previstas en la ley.
Con independencia del análisis jurídico, que en algún momento deberá efectuarse para establecer responsabilidades -en cuanto a la legalidad de la toma de decisiones por parte del Presidente de la República en materia de libertad de procesados y ejecución de penas-, debe discutirse si la actual política, orientada a exonerar de todo castigo a los antiguos comandantes guerrilleros -como alias “Karina”- es la más acertada y justa en el proceso de lucha de la sociedad contra el delito.
En nuestro criterio, esa política no solamente contraría los propósitos teóricos de la política gubernamental contra las FARC -porque, cuando logra la captura o la entrega de los jefes subversivos, los suelta de inmediato, haciendo estéril toda la campaña llevada a cabo durante años-, sino que desalienta muy seguramente a muchos miembros de la Fuerza Pública que han arriesgado la vida durante esa guerra, y –lo más grave- transmite a la sociedad entera un mensaje desconcertante, equívoco y peligroso.
Con tal actitud, el Ejecutivo da a entender que el crimen paga; que da lo mismo delinquir que no hacerlo, o que quizá es más productivo delinquir; que no importan cuáles ni cuántos hayan sido los delitos cometidos por aquellos a quienes se favorece -incluidos los de lesa humanidad-, si ellos saben que finalmente -en aras de cumplir promesas improvisadas-, por un gesto al final, como la entrega -voluntaria o forzada-, en especial si llevan consigo a secuestrados, se les asegura el inmediato perdón -así se llama aunque le cambien de nombre- y el total olvido de sus faltas, aparte de los generosos premios que les quiera proporcionar el mismo Estado al que combatieron.
¿Qué pueden pensar, ante esta política de la impunidad -no otro nombre corresponde al sistema implantado-, los millones de colombianos honestos que siempre han vivido de su trabajo, que han persistido en el respeto a la ley, que pagan sus impuestos y que jamás reciben del Estado estímulo alguno?
