Muy oportuna ha sido la reciente sentencia proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual, aunque no se concedió el amparo solicitado, fueron trazadas unas elementales pautas dirigidas al Presidente de la República acerca del comportamiento que de él se espera en relación con el manejo de los medios de comunicación y respecto al uso del lenguaje en sus intervenciones públicas.

Es imperativo reconocer que en los últimos años se ha generalizado la práctica    -nada sana-  de tramitar todos los asuntos de Estado y los que no lo son, inclusive los que sólo atañen a la intimidad de las personas, a través de los medios audiovisuales, de modo que las referencias del fallo, aunque tuvieron por principal destinatario al Presidente Uribe  -contra quien se presentó la tutela-,  nos parece que son aplicables a varios de los funcionarios públicos, entre ellos algunos ministros,  siempre en búsqueda de frases efectistas que impacten en los titulares y en las informaciones de los noticieros.

Aparte de lo que haya dicho la Corte, que bien podría haber fallado sin ese obiter dicta, lo cierto es que tan improvisada manera de tratar los asuntos más delicados, como por ejemplo las relaciones con Venezuela en momentos difíciles, delata no solamente la imprudencia e irresponsabilidad de los funcionarios  sino la falta de coordinación en el interior del Gobierno, y  -lo peor-  una deplorable superficialidad en el análisis de los asuntos tratados, a la vez que la más absoluta falta de seriedad de quienes orientan importantes áreas de la administración.

Hemos añorado en esta época la ecuanimidad  y la respetable serenidad de presidentes y ministros del pasado, que solamente  se pronunciaban en público sobre temas controvertidos sobre la base del pleno conocimiento de los antecedentes de cada caso y habiendo reflexionado en sus despachos en torno  a la debida respuesta, coordinando las intervenciones y cuidando las frases, con la madurez que se exige a los gobernantes.

En especial, lo atinente a las relaciones exteriores de Colombia debe ser objeto de examen antes de decirlo, y quien lo diga debe ser la autoridad competente, que en esta materia se ha radicado por la Constitución en cabeza del Presidente de la República y el Canciller. De lo cual resulta que en ese campo son inconvenientes e inoportunas las intervenciones en desbandada, ante los micrófonos y las cámaras, de los ministros del Interior y Defensa; del Vicepresidente; del Director de la Policía y de otros servidores públicos, a quienes no corresponde dicha función.

A lo anterior se agrega el debido respeto que merecen las personas, nacionales y extranjeras, por lo cual es de esperar que los medios de comunicación no sean aprovechados por quien ejerce poder para repartir ataques y desafíos, injurias y hasta calumnias, pues ello genera situaciones tan enojosas como las propiciadas en el caso del Juez Suárez Vacca, además de que tales actitudes rebajan ostensiblemente el nivel de las controversias y también la categoría de los altos funcionarios que pierden los estribos y que, con ánimo protagónico, no miden los efectos de sus palabras.