Ha declarado el Ministro del Interior que fracasó el proceso de las consultas internas de los partidos políticos, llevado a cabo el domingo.

No le falta razón, aunque lo cierto es que consultar a las bases acerca de quiénes deben representarlas en los procesos electorales es un imperativo democrático que elimina el odioso poder del bolígrafo. Éste contradice precisamente el postulado constitucional de la participación de todos en las decisiones que los afectan.

Empero las instituciones deben ser sometidas a prueba con el fin de verificar sus posibilidades reales de vigencia en el seno de la comunidad. De nada sirven los mecanismos de participación si la gente no participa.

En efecto, no puede considerarse un éxito, desde el punto de vista de la  participación, un proceso de consulta en el que tan sólo el diez por ciento de los llamados a tomar parte lo ha hecho. Una abstensión tan alta como la que se acaba de registrar no puede pasar desapercibida frente al concepto de eficacia de la ley, y por tanto tiene que ser detenidamente analizada por el Gobierno, con miras a propiciar las reformas que sean indispensables.

Algo está fallando. Muchos pueden ser los motivos: haber extendido el mecanismo de la consulta a las aspiraciones para todo tipo de cargos; inadecuada divulgación de las reglas de juego en el interior de los mismos partidos; falta de interés de los votantes en los procesos; desconocimiento sobre las calidades y aptitudes de los candidatos. Tales pueden ser algunos de los factores, y deben ser examinados por el Ejecutivo y por los propios partidos.

Desde la perspectiva del ciudadano común, definitivamente no entiende cómo es posible que se gasten 60 o 70.000 millones de pesos en resolver las disputas internas de los partidos sobre candidaturas, a costa del tesoro público, si la participación es tan exigua como la observada en esta oportunidad. Ciertamente, queda muy en duda que las bases hayan sido genuinamente representadas en las urnas.

Debe someterse a estudio igualmente el sistema de la consulta en sí mismo. Resolver si lo más conveniente es que las consultas sigan siendo abiertas, con la posibilidad de que los militantes de un partido intervengan en las decisiones de otro, y hasta las distorsionen, o si las diferencias internas acerca de los candidatos para los cargos de elección popular deberían dilucidarse también internamente.