Si Congreso y Gobierno aspiran a sacar adelante la voluminosa agenda de reformas en curso, tendrán que esforzarse de manera especial y dedicarse en serio a sus respectivas tareas durante los escasos tres meses que restan hasta la culminación del período legislativo iniciado el 16 de marzo. El 20 de junio, cuando expiren las sesiones ordinarias, el país tendrá la ocasión de evaluar cómo les fue al Ejecutivo y a las cámaras en este lapso.

No somos optimistas acerca del éxito que puedan alcanzar las dos mencionadas ramas del poder público en la materia, y no porque consideremos que la bondad de un Congreso pueda medirse exclusivamente a partir del número de leyes aprobadas, sino por cuanto el tiempo para debatir los proyectos a conciencia es muy corto; los trámites constitucionales, legales y reglamentarios bastante engorrosos, y las materias por tratar en las comisiones y en las plenarias de las cámaras no son propiamente fáciles.

Los pasos por seguir en el proceso legislativo (Constitución y Reglamento del Congreso) se caracterizan por exigencias imposibles de eludir porque siempre habrá el riesgo de incómodas declaraciones de inconstitucionalidad por vicios de forma; y las discusiones entre las bancadas y en los debates toman su tiempo, salvo que, con gran irresponsabilidad, las mayorías resuelvan pasar los proyectos oficiales a pupitrazo.

Además, hay términos mínimos que los propios preceptos superiores exigen respetar. La Constitución estipula, por ejemplo que entre el primero y el segundo debate de cualquier proyecto deben transcurrir al menos ocho días  -la Corte Constitucional ha sostenido que son comunes-,  y entre la aprobación en una cámara y la iniciación del siguiente debate en la comisión correspondiente de la otra deben pasar cuando menos quince días (art. 160 C. Pol.).

Por supuesto, el Presidente Santos goza de posibilidades constitucionales que le permiten agilizar esos trámites, mediante figuras como la manifestación de urgencia; el mensaje de insistencia en la urgencia y la solicitud de deliberación conjunta de las comisiones cuando se trate de proyectos legislativos de su especial interés. Pero con todo, y con vacaciones de Semana Santa de por medio, no es fácil evacuar todos los importantes proyectos puestos a consideración de los congresistas.

En cuanto a las materias objeto de la actividad legislativa que acaba de comenzar, basta enunciarlas (Plan de Desarrollo, reformas a varios códigos, al menos tres reformas constitucionales, Ley de víctimas y tierras, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley Antitrámites, entre otros asuntos) para concluir que no son propiamente pacíficos, y que con seguridad habrá reparos, propuestas, contrapropuestas, adiciones y supresiones, además del conocido e inevitable lobby, a cargo de los expertos contratados por los sectores con interés en cada asunto.

Comienza, pues, el segundo período de sesiones de la presente legislatura, y el Congreso tiene ante sí una agenda difícil, proveniente en su mayor parte de las iniciativas gubernamentales, sin excluir las que, como es lógico, habrán de presentar sus propios miembros.