No es edificante la actitud que asume el Ejecutivo, o cuando menos algunos de sus voceros, respecto a decisiones judiciales que no son de su agrado, ya que la impresión transmitida a los ciudadanos es totalmente contraria a la ética que deberían preservar, ante todo, los altos funcionarios estatales: “Se acatan las resoluciones de los jueces cuando nos convienen; si nos resultan desfavorables, siempre está disponible el expediente de desacreditar, o de deslegitimar al juez”.

Sorprenden, en este sentido, las “ligeras” declaraciones radiales del Vicepresidente Santos  -la expresión “ligeras” fue utilizada por una periodista que interrogaba ayer al Ministro Holguín Sardi, y aceptada por éste-,  en las cuales, en relación con providencias recientes sobre extradición, señaló que decisiones judiciales la tienen “enredada”, y que, en su concepto, los narcotraficantes están utilizando cuantiosas sumas de dinero para las extradiciones de los desmovilizados jefes de las autodefensas.

“No tengo ninguna prueba  -reconoció Santos con desparpajo-,  pero cuando uno ve cómo ha funcionado el narcotráfico, a uno no le extraña y creo que el país no es bobo y los periodistas tampoco, de cómo es que el narcotráfico y estos señores operan. A mi no me causaría ninguna sorpresa”.

“No se les olvide  -añadió-  que ante la cantidad de plata que mueven estos señores, pues uno cree que ese debe ser un elemento”.

Por coincidencia, altos tribunales se han pronunciado en estos días, precisamente sobre extradición de paramilitares desmovilizados: el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante fallo de tutela, en proceso iniciado por las víctimas de “Macaco”, ha supeditado la extradición a la reparación que tales víctimas reclaman por los crímenes cometidos; y la Corte Suprema de Justicia, en caso similar, ha sostenido con razón que en todo proceso de justicia transicional, antes de enviar en extradición al procesado reclamado, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los postulados de verdad, justicia y reparación.

No es responsable que un alto funcionario se precipite en materia tan grave a lanzar este tipo de cargos, sin pruebas, sembrando generalizada sospecha sobre toda la administración de justicia.  

Del orden jurídico vigente se desprendería más bien que aplicara el respeto al buen nombre y a la honra de los jueces, y su presunción de inocencia, pues no le está permitido hacer uso de su investidura para empañar con ligereza tales derechos, ni para interferir la actividad judicial.