Como si fuera poca la violencia existente en el país, la ineficacia de la administración de justicia ha dado lugar a una nueva modalidad que se extiende peligrosamente, en especial en las ciudades: la justicia por mano propia.
Se han presentado varios casos de “linchamientos”, es decir, grupos de ciudadanos amparados en el anonimato característico de las masas, han reaccionado de manera brutal contra individuos sindicados de la comisión de delitos o sorprendidos en flagrancia, y los hechos han culminado en la muerte o en las graves lesiones causadas con rabia y sin control.
Desde luego, se trata de personas que en mayor o menor medida han ofendido a la comunidad, y los delitos que se les imputan causan en la ciudadanía la natural indignación. Por ejemplo, se han dado casos de intentos o real perpetración de actos de violencia carnal contra menores.
El fenómeno merece análisis. El Estado no puede permanecer indiferente, ni dejar que las cosas queden simplemente como noticias pasajeras.
Como explicación, mas no como justificación de esas conductas colectivas -cuyos contornos, de efecto instantáneo, hacen muy difícil, si no imposible, la prueba sobre responsabilidades individuales-, se alega la paquidermia de las fuerzas policiales en unos casos, y la impunidad generada por decisiones judiciales, en otros.
Nuestras autoridades están obligadas a adoptar medidas urgentes, al menos en dos aspectos: el de una pronta y eficaz acción protectora de la vida, honra, bienes y derechos de los asociados, como lo proclama la Constitución -y en esta materia debe reconocerse que nuestra organización estatal presenta muchas falencias-; y el de impedir que, en nuestras calles, una tentativa de delito, o un delito efectivamente cometido, sean castigados directa e inmediatamente por la multitud.
En nuestro sistema no existe la pena de muerte, y las penas las deben aplicar los jueces competentes, según las leyes. No los particulares. Pero hemos escuchado algunas voces que justifican los “linchamientos”, y que los aplauden arguyendo que la justicia no funciona. Eso no es admisible en un Estado de Derecho.
Infortunadamente, lo ocurrido, bajo la misma excusa, con el estímulo estatal al paramilitarismo, a través de las llamadas “Convivir” y de otras formas de cooperación con las autodefensas, justificando todo con el criterio según el cual el fin -acabar con la guerrilla- justifica cualquier medio, no nos ha dejado las enseñanzas que de semejante horror se han debido deducir.
