Los jefes paramilitares están rindiendo sus versiones libres en desarrollo de la ley de justicia y paz, prohijada por el Gobierno, y,  por tanto los funcionarios oficiales y los sectores sociales que impulsaron su expedición no pueden ahora desconocer ni desacreditar tan olímpicamente lo que de allí resulte. Si uno de los supuestos de la aplicabilidad de sus normas a los desmovilizados es que digan ellos la verdad, y toda la verdad, cabe partir del supuesto de que la están diciendo, pues ellos saben que de llegar a establecerse que mienten perderán todo beneficio y serán juzgados conforme a las normas penales comunes.

Pretender que todo cuanto narran es falso  -como lo sostienen todas las personas mencionadas en dichas versiones-  resulta inconsecuente. Alguien tuvo que financiar sus actividades ilícitas; para el logro de numerosos objetivos criminales, debieron contar con el apoyo oportuno y eficaz de personas influyentes ubicadas dentro de la legalidad, las cuales podían moverse dentro de ella y aportarles información y elementos.

¿No es descubrir hechos desconocidos lo que busca una ley cuyos objetivos están ligados al esclarecimiento integral de una cadena de gravísimos delitos, y en particular identificar -entre otras vías, por boca de los criminales confesos- a los que, camuflados en respetables cargos públicos o privados, constituyeron factor decisivo para el nacimiento, el desarrollo y la expansión de los grupos paramilitares que llegaron a dominar en todo el territorio?

En cuanto a la penetración de la sociedad, en todos sus estamentos, por parte de estos delincuentes, ella es un dato innegable, y de lo que se trata es de ir ampliando las fuentes de conocimiento público sobre la realidad de lo ocurrido y acerca de la identidad de los seducidos por el paramilitarismo para el logro de sus fines, o de quienes voluntariamente los buscaron con el objeto de alcanzar los propios, generalmente políticos.

Toda esta historia, en muchos de sus capítulos, correspondió, en términos penales, a una verdadera asociación para delinquir. Esa alianza ilícita se perfeccionó entre los malos y personas “buenas”. Ya sabemos quiénes eran los malos. Ahora queremos saber con exactitud quiénes eran los “buenos” que con ellos hicieron sociedad.

Las autoridades judiciales tendrán a su cargo la tarea de adelantar la crítica de los testimonios; de cotejarlos; de compararlos con otras pruebas; de reconocer o no credibilidad a los declarantes; de ubicar en el contexto, respecto de fechas y antecedentes, lo que uno u otro afirme.

No se trata de creer absolutamente todo, pero tampoco es admisible que de antemano se descalifique a los testigos, solamente por su condición de procesados.