Una reciente publicación sobre la actividad de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales relata casos  de jueces  que en forma reiterada permanecen ausentes de sus despachos, descuidan los términos (a pesar de que se los exigen rigurosamente a los litigantes) y dejan que los procesos duerman el sueño de los justos (o, mejor, de la injusticia), haciéndose acreedores a las sanciones  pertinentes.

Lo anterior, no solamente  ocurre en despachos judiciales inferiores sino en niveles superiores de la magistradura, y aunque no puede generalizarse –pues son numerosos los jueces y magistrados estrictos y cumplidores de su deber-, lo cierto es que  el ciudadano del común siente cada vez más  que sus necesidades en materia de administración de justicia no están siendo satisfechas, pues cuando las decisiones se adoptan es generalmente demasiado tarde, y con frecuencia están sostenidas en consideraciones  deleznables, si no totalmente inadecuadas.

Algo que vemos todos los días es la falta de estudio de los hechos  sometidos a consideración de los jueces, y en muchos casos la censurable actitud de fallar primero y acomodar después a la previa decisión los argumentos “jurídicos” que la sustentan. Por el contrario,  lo que ordena la razón y lo que se desprende de la esencia de la función judicial es que el juez llegue al proceso libre  de prejuicios  y que solamente resuelva sobre la base del análisis de los hechos frente a la normatividad, para llegar a definir el Derecho según su conciencia y con miras solamente a la realización de la justicia.

Afortunadamente, aunque no siempre, encontramos fallos que cumplen a cabalidad esa condición primordial que corresponde a la majestad del cargo de juez en cualquiera de sus niveles. Pero también hallamos sentencias tardías que además plasman la injusticia,  en cuanto no provienen de una evaluación razonada de las pruebas ni de un análisis jurídico sino de la voluntad del juez.

Todo esto llama a reflexión, particularmente  por parte de quienes, a nombre del Estado, se encuentran llamados  a impartir pronta y cumplida justicia.