Después de siete años de preparativos, de recibir las primeras denuncias y de adelantar las iniciales investigaciones, despega en La Haya la actividad propiamente judicial de la Corte Penal Internacional. Se abren los primeros juicios y muy pronto los magistrados deberán adoptar decisiones de fondo sobre crímenes de lesa humanidad, y de guerra, genocidios y otras de las figuras delictivas objeto de su competencia, para una defensa efectiva de los derechos humanos, y para la sanción de quienes los han vulnerado.
El primer juzgamiento, que comenzó este lunes, se desarrolla en torno a los crímenes que la Fiscalía de la Corte ha imputado a Thomas Lubanga Dyilo, un líder de las milicias del Congo, acusado por el reclutamiento, entrenamiento, coacción e inducción de niños menores de 15 años, quienes fueron vinculados a la guerra por las Fuerzas Patrióticas por la Liberación del Congo (FPLC).
Según la Fiscalía, los menores fueron forzados por Thomas Lubanga y otros criminales de guerra a participar activamente en las hostilidades; fueron preparados por ellos para matar, torturar, saquear, incendiar, violar, y agrega la acusación que los niños “mataron y murieron en combate”.
Lubanga tiene en contra suya, además de este gravísimo antecedente del enrolamiento de menores, el de haber organizado con sus cómplices, a lo largo de varios años, las matanzas de Ituri, en el curso de un conflicto en el que perecieron más de trescientas mil personas.
Aunque los fiscales han limitado la acusación contra Lubanga al crimen de reclutamiento de menores, y se han abstenido de abrirle juicio por otras conductas, con el propósito de concentrar la energía del proceso, la Corte anuncia que no habrá impunidad.
En Colombia, entonces, mucho tendrá que investigar la Corte Penal Internacional si -como parece- gran cantidad de crímenes similares o peores, cometidos por la guerrilla y por los paramilitares, y aun por agentes estatales, quedarán en la impunidad, en virtud de imperdonables omisiones y equivocaciones de nuestras autoridades.
Ya veremos, por tanto, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional conduciendo a los estrados a criminales a quienes el Estado colombiano se ha contentado con darles “una palmadita en el hombro”, o a quienes inclusive ha premiado con jugosas recompensas.
Crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por quienes han llevado a cabo la tenebrosa práctica de los “falsos positivos”, no quedarán finalmente impunes, aunque el Estado colombiano se abstenga de castigarlos.
