Quizá se trate del hecho más grave contra la libertad de prensa en Argentina, desde 1983 (cuando terminó la dictadura): los diarios CLARIN y LA NACIÓN, de Buenos Aires, fueron bloqueados durante doce horas  -12 de la noche del sábado a 12 del día del domingo-  por sindicalistas (trabajadores de artes gráficas) y piqueteros (unas 50 personas), que impidieron por la fuerza que los periódicos circularan; ocuparon la planta de impresión y el centro de distribución de los mismos.

La Policía no actuó contra los manifestantes, ni el Gobierno tomó medida alguna. Es decir, de acuerdo con los aludidos medios, se presentó cuando menos una grave omisión oficial que significó, ni más ni menos, una mordaza inconcebible; una violación del derecho a informar y a expresarse, y desde luego, la vulneración del derecho del público a escoger su fuente de información, no importa que ello haya ocurrido apenas por doce horas. La libertad no admite interrupciones: una hora de opresión es una eternidad.

Con razón se ha generado polémica en Argentina por causa de este acontecimiento. Partidos políticos, periodistas y empresarios han protestado contra la actitud pasiva del Ejecutivo y de los patrulleros de la Policía, que permitieron que el inconstitucional bloqueo se prolongara, obstruyendo por completo la salida de los diarios a la calle.

El hecho mereció, además, el repudio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y de las asociaciones argentinas de periodistas.

Este bloqueo, con independencia de su origen, motivos y autores, y aparte de la ideología de los medios afectados, resulta ser un pésimo antecedente sobre la acción de los sindicatos, cuyos derechos deben ser salvaguardados, pero que también tienen a su cargo deberes y responsabilidades, a la vez que el Estado tiene la función de velar por unos y otros. En realidad, deben responder si se desvían de sus propósitos y abusan de sus derechos. Todo abuso del propio derecho representa una agresión contra los derechos de los demás.

Por otro lado, se trata de una forma de violencia y de censura, que resulta incompatible con los principios de una democracia.

Los organismos públicos competentes, ya sea por complacencia o por temor, dejaron de cumplir una obligación perentoria, que se encuentra en los Tratados Internacionales y en la Carta Política argentina: garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y de las libertades públicas.