En relación con la reforma a la salud  por vía de la Emergencia Social, se han venido formulando duras  críticas, de todos los sectores, acerca del pésimo manejo que el Ejecutivo le ha dado al  asunto:

-El Gobierno no podía acudir al Estado de Emergencia respecto de males crónicos o estructurales,  que en el caso de la salud se incubaron y desarrollaron prácticamente desde el nacimiento mismo del sistema en 1993.

-Los hechos estaban tan enraizados  y han sido tan protuberantes  que la Corte Constitucional tuvo que dictar una sentencia de tutela mediante la cual, desde mediados de 2008, impartió numerosas órdenes al Gobierno, que han debido cumplirse pero que no se cumplieron, y se declaró la emergencia con el pretexto de acatar la providencia judicial. No obstante, las medidas adoptadas -confiadas en su redacción a costosos asesores externos-  desconocieron el derecho a la salud, y se apartaron de la filosofía garantista del Estado Social de Derecho.

-Se incluyeron disposiciones improvisadas  que habrían podido ser objeto de proyectos de ley  discutidos de cara al país. Entonces, se está ante un complejo legislativo muy enredado que la mayoría desconoce en sus verdaderos alcances, que se ha divulgado por partes, y que todos los días se distorsiona mediante declaraciones verbales. Estas dicen una cosa y otra bien diferente dicen los decretos. Y es una falacia, o revela una imperdonable ignorancia, sostener que pueden ser corregidos reglamentándolos o absteniéndose de hacerlo.

- Usando las facultades de excepción,  se hizo precisamente lo que le prohíbe de manera expresa el artículo 215 de la Constitución: “El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”. Y se lesionaron, además de esos derechos, la indispensable  discrecionalidad científica, el margen de apreciación y la ética de los médicos.

-Se recargó el costo de medicinas, tratamientos y servicios en cabeza de los usuarios y sus familias, pese a las cotizaciones de años, y se buscó desestimular la tutela, único mecanismo de defensa de los pacientes ante las EPS.

-El  Presidente – al parecer, el primer ciudadano sorprendido  por lo que firmó-, da un paso atrás y otro adelante. Defiende a regañadientes  los decretos, pero los desvirtúa buscando su  inaplicación o  su derogatoria, medidas que ya no están en sus manos.  Y los ministros dicen al respecto toda clase de mentiras.