Cada vez resulta más palpable y concreto que el error judicial, que debería ser excepcional, avanzados como se encuentran en la historia reciente los conceptos jurídicos y la prelación de los derechos humanos   -entre ellos el debido proceso-,  resulta en nuestro medio de una frecuencia inusitada, y ya los funcionarios judiciales no se avergüenzan; se limitan algunas veces a presentar disculpas, y otras a decir que fueron interpretados fuera de contexto, transfiriendo la responsabilidad   -lo cual también está de moda-  a los medios de comunicación.

Entonces, determinaciones que hoy son seguras y firmes, pasadas 24 horas vienen a ser deleznables y provisionales. Pese a que las mismas cabezas de los organismos competentes se comprometen en declaraciones ante los medios, ampliamente difundidas, en un determinado sentido, y llegan al nivel del prejuzgamiento, lo que de suyo es indebido, no es difícil  -y por el contrario muy fácil-  que con gran desparpajo, dos o tres días después, se diga exactamente lo contrario.

Los colombianos tenemos frescos en la memoria los casos más recientes, en que las equivocaciones han sido mayúsculas, así se quieran ocultar, y la verdad es que el público, aún el no especializado en ciencias jurídicas, entiende que si un día se dice que alguien tiene medida de aseguramiento y a la semana siguiente se expresa por el mismo organismo que ella se levanta por carecer de fundamento, o por falta total de pruebas, el organismo competente se equivocó esta semana, o se equivocó la anterior, pero que no acertó en las dos ocasiones; o que si la Corte Constitucional, por ejemplo, señala que el Congreso definitivamente no puede hacer algo, y un mes después, sin explicarlo, manifiesta en otro caso que sí puede hacerlo, o a la inversa, permaneciendo las mismas normas constitucionales con base en las cuales se profieren las sentencias, el ciudadano queda perplejo y desorientado; eso genera inestabilidad, inseguridad jurídica y la mayor parte de las veces encierra enorme injusticia.

Se entiende que los fiscales, jueces y magistrados deben estar dedicados a su labor; concentrados en el estudio de los asuntos a su cuidado; entregados al estudio de las fuentes; del ordenamiento jurídico aplicable, y totalmente empapados de los pormenores de cada caso, como para que se eviten los impresionantes bandazos y las constantes peticiones de disculpas.

Los pasos en falso no son imperdonables. Sostenerlo sería desconocer el hecho real de la naturaleza y las debilidades propias de los seres humanos, pero nos negamos a aceptar que en estos campos  -muy elaborados por la jurisprudencia y la doctrina-  sea tan común y extendida la imperfección y que el sistema sea tan imperfecto que establezca las condiciones propicias para un caos institucional como el que nos aqueja.