Según la Constitución Política, una de las características del Estado colombiano es su carácter pluralista, que significa, entre otros conceptos, la posibilidad de que en el seno de la sociedad convivan, libre y democráticamente, distintas formas de pensar y de creer, en política, en religión, en Derecho, en economía; y esa misma Constitución garantiza también la libertad de conciencia, la libertad política, la libertad de expresión.

El derecho a la controversia, en especial la relativa a los asuntos de interés público, como lo son el buen o mal Gobierno, la gestión de las autoridades, las necesidades colectivas, las formas de solución, las propuestas…, es sin duda un derecho de rango fundamental que, si bien no está señalado en alguno de los artículos de la Carta Política con ese nombre, es inherente a la dignidad, a la racionalidad y a la libertad del ser humano, y por lo mismo está protegido por el sistema jurídico, en términos del artículo 94 de la Constitución.

Si ese derecho no se garantiza de manera efectiva, y ello a raíz de la censura oficial, o por un clima intolerante generalizado que rechaza el pensamiento diverso, no se tiene un Estado de Derecho y es inexistente el carácter democrático del sistema, en cuanto desaparecen el pluralismo, propio de la democracia, y la libertad misma.

El libre y espontáneo flujo de las ideas no sólo debe ser aceptado por las autoridades sin condenar o estigmatizar al que se opone o a quien critica o discrepa, sino que ellas están obligadas por la Constitución a propiciarlo, asegurarlo, garantizarlo, y a impedir que se establezcan barreras o talanqueras que lo restrinjan o condicionen. En una democracia auténtica tiene que haber espacio abierto y despejado para las diversas opiniones, y, por su esencia, no puede haber delitos de opinión.

No es lo propio del sistema jurídico fundado en la libertad pretender que los ciudadanos se abstengan de asumir posiciones críticas que examinen objetivamente las actuaciones o decisiones oficiales, o sus omisiones. Ni tampoco lo es satanizar la disidencia o presentar a quien se separa de la óptica oficial como elemento peligroso o negativo dentro de la comunidad.

El peligro del unanimismo radica principalmente en el sacrificio de la libertad y en la postulación de la esclavitud intelectual y política.

En una sociedad libre, entonces, no es admisible, deseable ni posible el unanimismo. No todos sus miembros tienen que pensar igual, creer en lo mismo, profesar las mismas convicciones, observar idénticos comportamientos, expresarse de modo uniforme, adoptar criterios políticos, jurídicos o económicos  calcados de un cierto modelo, invariable y absoluto.

Si esto es así, lo que está de moda en Colombia  -estar todos llamados a pensar como el Presidente de la República so pena de ser señalados como herejes o blasfemos-  no es democrático. Se hace necesario reaccionar contra esa perniciosa tendencia, no para oponerse a cuanta idea provenga del Ejecutivo sino para recobrar la capacidad de controversia y análisis, que en el escaso término de dos años parece haberse perdido.