Con independencia de las calidades y preparación de quienes han participado como candidatos a magistrados de la Corte Constitucional en los últimos años, y de quienes han sido elegidos  -pues entre ellos se encuentran, a no dudarlo, juristas de importancia-,  debe reconocerse un fenómeno de progresivo deterioro del sistema previsto en la Constitución para tales elecciones, unido a un cada vez más fuerte influjo en ellas de intereses políticos coyunturales.

El concepto de lo “político” puede entenderse en un sentido alto y digno, cuando se lo relaciona con las grandes decisiones en asuntos de Estado, y en esa perspectiva resulta indudable que los fallos de la Corte Constitucional, por su misma naturaleza, tienen normalmente un componente político, relativo, por su propia función, al imperio de la Constitución Política.

Pero también puede tomarse lo “político” en un sentido muy específico, que es el habitualmente usado en Colombia y que se relaciona con la injerencia partidista, electorera, pequeña e interesada, en la toma de decisiones.

Es este segundo sentido al que quiero referirme para reclamar que no se sigan politizando los procesos de elección de magistrados de la Corte Constitucional.

Progresivamente  -o, mejor, regresivamente-  estamos llegando a niveles inadmisibles de trámite politiquero en la escogencia de los magistrados, lo cual no repercute sino en un ostensible daño a la independencia de la Corte y a la majestad de la justicia.

Aunque quien esto escribe fue elegido dentro del sistema por el Senado de la República, previa postulación de la Corte Suprema, para desempeñar esas funciones, debe decir que se aprecia un evidente contraste entre las elecciones  de los primeros años y las de hoy, no por las condiciones mismas de los candidatos  -que no podemos descalificar-,  sino por la actual tendencia, ya desembozada, a entender que la Corte Constitucional y cada uno de los cargos de sus nueve magistrados representan botines burocráticos a los que se puede acceder mediante zarpazos cada vez que se presenta una vacante. Y peor todavía: la tendencia del Ejecutivo a considerar que debe tener en la Corte a uno o a varios “delegados” o “representantes” suyos, que defiendan el interés del Gobierno en las distintas decisiones, como si tal corporación fuera un “órgano político” en la segunda acepción ya aludida.

No. Los magistrados de la Corte Constitucional no deben tener compromiso con nadie, y menos con el Gobierno o con el Congreso. Su única función y la motivación prevalente de sus sentencias debe ser la defensa y la guarda de la supremacía de la Constitución. No son voceros de ningún órgano, de ningún partido, de ningún grupo, de ningún interés.

La Cortees y debe seguir siendo autónoma. Si la vamos a convertir en otra oficina dependiente del Gobierno, su subsistencia carece de sentido, y ahora sí, en tan nefasta hipótesis, pasaríamos a ser partidarios de su supresión, para no ver el espectáculo del control de constitucionalidad convertido en una farsa.