Análisis pormenorizado merece la decisión gubernamental de extraditar en bloque a los principales jefes paramilitares. Los intereses procesales norteamericanos y el de los extraditados en negociar sus penas se han hecho prevalecer sobre los intereses colombianos de llegar a la verdad, de hacer justicia y de lograr la reparación de las numerosas víctimas de los crímenes de lesa humanidad confesados por aquéllos.
El Gobierno, en el “Sustento jurídico” que entregó a los medios, asegura que “las autoridades norteamericanas deberán procurar a través de los mecanismos que la cooperación judicial internacional consagra, que los bienes de los ciudadanos extraditados otorguen (sic), producto de la negociación a la que lleguen con las autoridades judiciales de los Estados Unidos, sean destinados a la reparación de las víctimas en Colombia”.
Habla el Ejecutivo de acuerdos celebrados con USA., pero cuando se pregunta por el texto de esos acuerdos, el Comisionado de Paz responde que están contenidos en las resoluciones dictadas al ordenar las extradiciones, lo cual significa que los acuerdos no existen, pues no se puede derivar un acuerdo -que por definición es entre dos partes- de un acto unilateral. Además, la rama judicial en Estados Unidos es independiente, y los jueces tendrán como único objeto de los procesos que allí se adelanten el juzgamiento de los extraditados por el delito de narcotráfico.
La controversia no girará, entonces, alrededor de los crímenes de lesa humanidad; de la violación de derechos humanos; de las masacres; de las torturas…, pues tales no serán asuntos propios de esos procesos. Todo eso ha debido ser juzgado por los jueces colombianos, pero ya no lo será, o sencillamente se ha aplazado hasta el infinito.
De otro lado, según el mismo documento, los compromisos apuntan a “que se garantice que, en caso de existir el deseo y la voluntad de parte de los extraditados de continuar colaborando con las autoridades judiciales colombianas confesando hechos delictivos y dando bienes, que pueda hacer resarcimiento de carácter moral a favor de las víctimas, incluyendo actos de reparación moral, resarcimiento, relato de hechos, manifestaciones de perdón y otro tipo de reparaciones de esta índole”.
Es increíble que un gobierno se funde jurídicamente en lo que se acaba de transcribir. Quiere decir, ni más ni menos, que el Estado colombiano claudica ante “el deseo y la voluntad” de los jefes paramilitares, quienes únicamente si les provoca entrarán a reparar a las víctimas de sus crímenes, y eso apenas a título de “resarcimiento de carácter moral”.
La conclusión está clara en varios sentidos: 1) Fracasó la Ley de Justicia y Paz; 2) no habrá verdad; no habrá justicia; no habrá reparación, y si la hubiere, según el deseo de cada delincuente, será tan sólo moral; 3) Para Colombia es más grave el narcotráfico que las masacres; 4) Para Colombia, el interés de la justicia colombiana debe ceder ante el superior interés de la justicia norteamericana.
