Todo parece indicar que el Ministro Valencia Cossio, para morigerar el impacto de decisiones judiciales en los casos de la “parapolítica” y la “yidispolítica”, ha resuelto improvisar sobre la marcha un proyecto de reforma constitucional, no en cuanto al Congreso -que atraviesa su peor crisis de credibilidad e independencia- sino sobre la rama del poder público que viene actuando: la jurisdiccional.
Se han anunciado modificaciones como el aumento del período de los magistrados a 12 años, el aumento a 70 años de la edad de retiro forzoso, la reinstauración de la cooptación, la selección de los magistrados de la Corte Constitucional por el Consejo de Estado y la Corte Suprema, la concentración de la terna para elegir Procurador en cabeza exclusiva del Presidente de la República, la doble instancia en los procesos penales y de pérdida de investidura contra los congresistas, entre otros asuntos.
Da la impresión de que el Gobierno ha cambiado su política agresiva contra la Corte Suprema por la oferta de zanahorias que, según piensa, pueden ser atractivas para los magistrados, “flexibilizar” su posición y disminuir su drasticidad en los procesos que adelantan.
Nos parece que es una equivocación, pues confiamos en la rectitud de los magistrados -quienes seguramente, si no se doblegaron ante los ataques del Ejecutivo, tampoco cederán ante sus halagos-. Consideramos que tal reforma es inoportuna e innecesaria, y no guarda relación con el motivo por el cual se plantean ahora cambios constitucionales: eso tiene que ver con la “parapolítica” y la “yidispolítica”, y no con el funcionamiento de la rama judicial.
Aunque, como es sabido, el sistema actual de administración de justicia no es perfecto y bien podría madurarse hacia el futuro una propuesta integral y bien pensada que lo ajuste, en especial para garantizar una mayor celeridad de los procesos y la descongestión de los despachos judiciales, hoy atiborrados -en eso no piensa el Gobierno-, es contrario a la sindéresis introducir en este preciso momento -cuando las necesidades institucionales son otras- un vuelco constitucional en la cúpula de la administración de justicia, que nadie está reclamando; que no es imperativo ni urgente, y que más bien creará confusión.
Además, una reestructuración de la administración de justicia, en relación con las altas corporaciones, es algo que no se puede improvisar, como erróneamente lo cree el Ministro.
