El 7 de julio de 1991 -hace dieciocho años- fue promulgado el texto de la Constitución Política aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó entre el 4 de febrero y el 4 de julio de ese año.
Aunque no han faltado diatribas y ataques –ya desacreditados de tanto repetirlos-, provenientes de los enemigos viscerales de ese ordenamiento -nostálgicos de la Constitución de 1886-, debemos decir que, con todos sus defectos de índole formal, su innecesaria extensión, sus vacíos y sus contradicciones, se trata sin embargo de una Carta Política con un contenido democrático de primer orden, que consagró valores y postulados de enorme importancia e instituciones formidables que nos han permitido arribar al siglo XXI dentro de un esquema normativo actualizado en materia de derechos y garantías y apto para asegurar la vigencia de un sistema jurídico equilibrado.
Desde luego, la Constitución no es perfecta, y nadie ha pretendido que lo sea. Tampoco hemos proclamado que sea irreformable, pues, como toda obra humana, será siempre susceptible de ajustes y mejoras, y la disposición de adaptar las normas a la realidad resulta indispensable. Pero lo que ha venido ocurriendo en Colombia durante estos años no ha estado orientado precisamente en esa dirección. Por el contrario, con varias de las reformas que se le han introducido, el Congreso ha improvisado cambios regresivos; normas filosóficamente contrarias a las originales; disposiciones incoherentes e incompletas; desatinadas modificaciones ajenas a la estructura fundamental, y mucha inseguridad jurídica.
El descuido y la falta de estudio han prevalecido en el cumplimiento del poder de reforma, y el resultado ha sido deplorable.
De continuarla cascada de actos legislativos –veintisiete hasta ahora-, vamos a terminar en un estatuto incomprensible, antitécnico e inútil, a fuerza de ser manoseado con reformas parciales e inconexas.
Aunque en su estructura fundamental -en particular cuando cotejamos la parte dogmática-, la Constitución de 1991 permanece, infortunadamente, al lado de los valores y principios esenciales, aparecen hoy muchas impropiedades y no pocas incoherencias, cuya incidencia es negativa no solamente desde el punto de vista doctrinario sino práctico, en lo que toca con su aplicación. El prurito reformatorio y la improvisación han hecho que muchos reclamen una nueva revisión integral de todo el sistema.
Es mejor que esa tarea se asuma cuanto antes, para recuperar el sentido y la autoridad que deben ser características de una Constitución Política.
