La suerte de las instituciones no puede decidirse en el curso de una agitada sucesión de declaraciones y rectificaciones en los medios de comunicación.
Lo que ha presenciado el país en los últimos días, a propósito de la proximidad de las decisiones de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad o inexequibilidad del Acto Legislativo número 2 de 2004, que plasmó la reelección presidencial para el período inmediato, es -por decir lo menos- deprimente.
Las declaraciones, propuestas, planes alternativos, especulaciones y hasta sindicaciones vertidas ante los micrófonos y las cámaras de televisión sobre el asunto que se debate en la Corte, en especial por parte de quienes abanderan la prolongación del mandato del Presidente Uribe, resultan sin duda subversivas, si se las confronta con los postulados esenciales de la democracia y con el imperio de las reglas institucionales propias del Estado de Derecho.
Han sido en extremo desafortunadas las intervenciones públicas del Ministro del Interior y Justicia, mediante las cuales ha pretendido vincular las futuras determinaciones de los magistrados en materia de reelección con inexistentes presiones sobre ellos, supuestamente ejercidas por la guerrilla y el narcotráfico. Tales declaraciones de quien está llamado constitucionalmente (art. 208 C.P.) a dirigir precisamente la cartera de Justicia, a formular las políticas atinentes a su despacho y a guardar las relaciones armónicas entre el Gobierno y los altos tribunales (art. 113 C.P.), así como a cumplir y a hacer que se cumplan las sentencias judiciales, han sido, por su misma expresión, irrespetuosas y desconsideradas, y lo peor es que el Ministro, cuando -vista su imprudencia- pretendió desdecirse ante los medios, agravó las cosas diciendo que no se refería a la Corte, y que lo único manifestado por él había sido que quienes no quieren la reelección del Presidente son guerrilleros o narcotraficantes, con lo cual nos envolvió a muchos que, sin pertenecer a esas delictivas categorías, nos hemos opuesto desde el principio al forzado cambio introducido en nuestro sistema jurídico.
Pidió silencio el Presidente a sus colaboradores. Con razón. Y la Corte Constitucional, por su parte, sólo reconocerá como su interlocutor al Jefe del Estado, todo lo cual debería significar, como significaría en cualquier parte, la caída del Ministro.
Pero, al mismo tiempo, un congresista no ha dudado en llamar públicamente y por anticipado al desacato a las providencias judiciales que profiera la Corte en la materia, si son contrarias a la reelección, en una nueva versión de la estrambótica propuesta formulada hace unos meses por el Senador Mario Uribe, familiar del Presidente de la República. El instigador habla ahora de mecanismos “legales” o “extralegales” para que, de todas maneras, aun contra el fallo, Uribe sea reelegido.
De modo que, según esos congresistas y otros que han hablado también en los últimos días, la Sala Plena de la Corte pierde su tiempo en reunirse -como está obligada a hacerlo, en desarrollo de su función, y según los términos de la Carta Política y del Decreto 2067 de 1991-, pues en vez de debatir sobre argumentos de naturaleza jurídica debería limitarse a consignar en el fallo las últimas cifras de las encuestas sobre popularidad del Presidente, sin más consideraciones, lo que significa, ni más ni menos, que se la está llamando a prevaricar, y que se la acosa, por todas estas impertinentes vías, para que lo haga sin remedio.
Todo ello -claro está- constituye apenas, miradas las cosas en conjunto, salvaje expresión de un talante antidemocrático que no logrará amedrentar a la Corte, la cual -no nos cabe duda- fallará de todas maneras en Derecho, en uno u otro sentido.
