Las denuncias formuladas recientemente, inclusive por parte de sacerdotes, sobre graves hechos de pederastia y sodomía en el interior de la Iglesia Católica colombiana, aunque no se pueden tomar sin beneficio de inventario, tampoco pueden pasar desapercibidas ni ante el Estado, ni ante las autoridades eclesiásticas, y el país tiene derecho  -como en todos aquellos asuntos que trascienden del puro interés privado y afectan el colectivo-  a conocer los pormenores de lo que haya podido acontecer, así como a exigir justicia y reparación para las víctimas.

Debe tenerse en cuenta que, aparte del desprestigio que por estas causas va en aumento, en detrimento de la organización eclesial, están de por medio los derechos prevalentes de los menores, a quienes la Constitución y los Tratados Internaciones sobre derechos humanos brindan especial protección.

Debemos pasar de las denuncias y alarmas en medios de comunicación, con el consiguiente escándalo, a las investigaciones y a la imposición de sanciones drásticas a los responsables.

No me cabe duda de que la Iglesia no debe seguir guardando silencio acerca de las gravísimas acusaciones que se han conocido en los últimos días. La defensa de la doctrina católica y de las creencias de quienes nos acogemos a su magisterio no puede edificarse sobre la base de la impunidad ni sobre el supuesto de la complicidad de las jerarquías. Todo sería distinto si se adelantaran los procesos con rapidez y eficacia, y si la Iglesia, una vez probados los hechos  -desde luego, con todas las garantías y respetando la presunción de inocencia, pero aplicando con rigor las normas del Derecho Canónico-,  excluyera de su seno, de modo definitivo y ejemplarizante, a los sacerdotes hallados culpables. No puede seguir desacreditada la totalidad de la Iglesia por las fallas de algunos de sus pastores, y ese descrédito se produce, más que por los hechos mismos, por la renuencia de la institución a llevar a cabo con toda energía los procesos correspondientes, y a expulsar a quienes sean oídos y vencidos en esos juicios.

Desde el punto de vista del Estado, la Fiscalía debe iniciar igualmente los procesos penales respectivos, para que quienes hayan sido incriminados por los delitos de que se trata sean juzgados y, en su caso, condenados. Como se dice en el lenguaje común: que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

En este, como en otros campos, la sociedad debe esforzarse en exigir a las autoridades que apliquen las normas jurídicas con celeridad y transparencia, evitando la impunidad.

Creemos que todo debe resolverse en los tribunales, y definir responsabilidades, con el objeto de que salgamos del terreno de las meras especulaciones y los decires.