El hundimiento de la llamada “Reforma Política” -una más, después de la que, con el mismo nombre, se introdujo en 2003- tiene varios significados que vale la pena examinar:
- Significa, ante todo, que la llamada “parapolítica”, con el alto número de congresistas detenidos o sometidos a proceso penal, sí ha afectado -y de manera grave- al Congreso como institución, pues en esta oportunidad, bien a través de los impedimentos aceptados, de las ausencias forzadas de los involucrados procesalmente, de las ausencias voluntarias (que son verdaderas faltas) de quienes sencillamente no quisieron acudir a las sesión de la Comisión Primera del Senado, ha sido la “parapolítica” la que, por paradoja, ha hundido la reforma constitucional contra la misma “parapolítica”.
- Significa también que los miembros del Congreso, por lo menos varios de ellos, no están interesados en sanear la política, y probablemente les parece muy bien que las cosas sigan como están y que los grupos delictivos sigan influyendo en la elección de los congresistas.
- Significa que el Gobierno Nacional, a pesar de lo que había dicho inicialmente en el sentido de apoyar la reforma, tampoco tenía intención alguna de hacer un corte claro y contundente que permitiera separar lo que viene pasando en la política colombiana de lo que en el futuro -y como ideal- quisieran los ciudadanos ver cristalizado en nuestras instituciones.
- De la misma forma, significa que el gobierno tenía temor de que, al aplicar la “silla vacía” a partir de las decisiones judiciales de privación de la libertad y no del fallo condenatorio definitivo, se viera ostensiblemente disminuida su mayoría en el Congreso, y probablemente diezmada, dado el alto número de congresistas afectados por la “parapolítica” pertenecientes a los partidos que conforman la coalición uribista.
- Significa, de otro lado, que las conveniencias políticas coyunturales prevalecen entre nosotros sobre los grandes propósitos nacionales, y aunque la reforma propuesta no era la panacea -e incluso, quien esto escribe estima que el nombre de “reforma política” era demasiado grande para titular el contenido del proyecto-, al menos estábamos dando un paso hacía adelante en la urgente tarea de responsabilizar a los partidos y movimientos políticos por la escogencia de sus candidatos, y -lo más importante-, de buscar una verdadera independencia del Congreso y una mayor transparencia de los procesos electorales.
- Significa que los procesos de reforma constitucional en Colombia se adelantan según las motivaciones propias de la coyuntura, sin la indispensable seriedad en los propósitos, y sin un criterio coherente, de Gobierno, Congreso y sociedad acerca de la trascendental función que cumplen las cámaras cuando actúan como Poder de Reforma, o -en el lenguaje de los tratadistas-, como Poder Constituyente Derivado o Secundario. A tal punto llega la displicencia con la cual se mira tal función, que toda una reforma constitucional se arma, se desarma o se vuelve a armar en un desayuno.
- Finalmente significa que el Congreso no se respeta a sí mismo como institución.
Ahora, el Gobierno constituye una comisión de juristas -todos ellos muy respetables en el campo jurídico pero necesariamente inclinados políticamente hacia las convicciones del Ejecutivo-, para que prepare un proyecto -no sabemos muy bien sobre cuáles temas-, que según se ha dicho será presentado al Congreso el 20 de julio.
Al respecto, debemos subrayar que esos juristas seleccionados no tienen capacidad de decisión, y que su trabajo no necesariamente será acogido por el Gobierno, de modo que, si se les ocurriera ser independientes e imparciales, el proyecto que preparen será depositado en los anaqueles de las universidades y probablemente se llenará de polvo.
De otra parte, tenemos que preguntarnos: ¿qué sentido tiene haber enterrado el proyecto que buscaba sancionar a los “parapolíticos” y a los partidos que auspician a los “parapolíticos”, si ahora se elaborará otro proyecto con el mismo objeto, al menos en apariencia?
¿O es que no se trata de eso sino de un proyecto de reforma constitucional que abarcará toda la Carta Política de 1991? Ello significaría que el Gobierno quiere aprovechar la coyuntura y la crisis generada por la “parapolítica” en beneficio de su anhelado proyecto de acabar -en un mes- con la Constitución de 1991, que le parece un fastidio.
Ahora bien: por ilustres que sean los comisionados, no parece que puedan hacer gran cosa en un mes largo de deliberaciones, aunque trabajen día y noche.
