El proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se pretende condicionar el ejercicio de los derechos a la “sostenibilidad fiscal”, que ya ha pasado por seis debates en el Congreso y por tanto hará parte muy pronto de la Constitución Política, es sin embargo un proyecto constitucionalmente insostenible.

En efecto, al aplicar esta reforma, el objeto de la intervención estatal en la economía, consistente en racionalizarla con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano, estará sujeto forzosamente a la existencia de un “marco de sostenibilidad fiscal”.

De acuerdo con la norma, el acceso efectivo de todas las personas, en particular las de menores ingresos, a los bienes y servicios básicos, será un acceso ilusorio y formal, porque sólo podrá ser posible “de manera progresiva”, y además no se tendrá, como ahora, en forma directa, a los bienes y servicios básicos, sino “al conjunto” de los mismos.

Según la iniciativa, “la sostenibilidad fiscal es indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”, y por tanto, “el Congreso de la República, al determinar el alcance concreto de los derechos sociales y económicos consagrados en esta Constitución, deberá hacerlo en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y progresividad”.

Inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo tendrá que ser aprobado “dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal”, y el presupuesto anual “deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal”.

¿Quién definirá lo que sea fiscalmente sostenible? Lo harán los tecnócratas del Ministerio de Hacienda. Y en cada caso concreto la entidad o institución que según las normas vigentes sea responsable de prestar un servicio o de dar acceso a unos bienes indispensables para asegurar los derechos sociales y económicos, y aun los fundamentales, responderá invariablemente que carece de recursos y que aquello que tiene que hacer a favor de las personas, aunque les corresponda constitucionalmente, no es fiscalmente sostenible.

En síntesis, de lo que se trata es de lograr el ansiado objetivo neoliberal de impedir la efectividad de los derechos, aunque  -eso sí-  proclamándolos en la teoría, en normas escritas cuyos contenidos serán inalcanzables para el ciudadano del común.

En ese orden de ideas, el Estado Social de Derecho se concibe apenas como una utopía, y sus principios, hoy imperativos e incondicionados, serán en el futuro reglas subalternas, carentes de autonomía y fuerza, limitadas al extremo por el gran objetivo de la sostenibilidad fiscal. Es decir, el capitalismo salvaje elevado a canon constitucional.

Por supuesto, estaremos sustituyendo la actual Constitución, democrática y social, que hace prevalecer la dignidad humana y los derechos de la persona sobre las caprichosas cifras que fascinan a los burócratas, por una totalmente distinta, dentro de una filosofía contraria, y en consecuencia, si la Corte Constitucional es coherente con su más reciente jurisprudencia, el Acto Legislativo que se apruebe tendrá que ser declarado inexequible.