Preocupa de verdad el talante que está mostrando el próximo Gobierno, al menos en lo que concierne a la administración de justicia, según se infiere de la actitud asumida por quien seguramente habrá de desempeñar la cartera correspondiente junto con la del Interior.
A la propuesta inicial de regresar al sistema del Estado de Sitio, de tan negativa recordación en la historia de nuestro Derecho Público, ha agregado los ataques injustos e inoportunos a la Corte Constitucional, a sus providencias y a sus magistrados.
La ultima actuación del designado ministro tiene origen –eso lo sabemos- en su instinto de conservación, pues mediante su diatriba contra la Corte –que indudablemente afecta a las instituciones- ha buscado únicamente distraer la atención de la opinión pública, que lo viene cuestionando respecto de actos anteriores suyos en la compra de acciones de “Invercolsa”.
La relación con los cargos que Londoño formula a la Corte de manera cuando menos irresponsable, impropia de quien aspira a ser Ministro de Justicia, debe decirse que son infundados. En un Estado de Derecho, la existencia del Tribunal Constitucional se justifica en cuanto su tarea consiste en evitar de manera efectiva que normas jurídicas de jerarquía inferior –proferidas por órganos constituidos, como el Congreso o el Gobierno- vulneren, desvirtúen o atropellen los mandatos consagrados en la normatividad superior, la de la Constitución, puesta en vigencia por el Poder Constituyente, titular de la soberanía.
En tal sentido, resulta incomprensible que un abogado, conocedor de estos asuntos, ignore la diferencia existente entre invadir la órbita de otra rama u órgano del poder público (de lo cual sindica Londoño a la Corte) y resolver, en ejercicio de una función de control, acerca de si lo que las ramas y los órganos han hecho se ajusta o no al Estatuto Fundamental del Estado (que es lo que tiene a su cargo la Corte).
En otros términos, el designado Ministro acusa a la Corte y a sus magistrados de haber cumplido, como les correspondía, la misión encomendada por la Constitución. Y eso no puede ser reprochado sino exaltado.
Revela así el doctor Londoño su profundo fastidio por la Constitución de 1991, que le parece demasiado democrática; su rechazo a la idea misma del control judicial, que se le antoja insolente e irrespetuosa frente a quienes ejercen el poder; su contrariedad con la existencia de la Corte Constitucional, que se le hace excesivamente independiente y peligrosa; su incomodidad con las instituciones vigentes, como el Estado de Conmoción Interior, a las que juzga muy débiles, en cuanto proporcionadas a los derechos y garantías; su nostalgia por la Constitución de 1886, que considera ideal por autocrática; y su tendencia hacia la dictadura como forma de gobierno.
Es cuestión de convicciones y de talante, pero quienes creemos en los valores, los postulados y los principios de un Estado Social y democrático de Derecho, como el plasmado en 1991, estamos justamente en guardia frente a los ataques que, como este, pretenden socavar las instituciones.
JULIO 11 DE 2002
