El país se ha conmocionado con la noticia sobre el asesinato de dos jóvenes estudiantes de biología de la Universidad de los Andes que adelantaban actividades académicas relativas a su carrera en el municipio de San Bernardo del Viento, en Córdoba.

Las informaciones de prensa sobre el suceso han mostrado que los muchachos ingresaron ingenuamente en territorios dominados por bandas paramilitares, y que probablemente el crimen se cometió precisamente por haber pisado terrenos erigidos como “vedados” por los mismos delincuentes.

También se ha divulgado la existencia de una “ley del silencio” en la zona, impuesta por las organizaciones delictivas, de tal manera que la población se encuentra amenazada y aterrorizada, hasta el punto de negarse a suministrar información a las autoridades acerca de los autores del doble homicidio y sobre sus motivos.

Aunque ya han sido capturados algunos integrantes de la banda probablemente vinculada a los hechos, lo cierto es que los funcionarios encargados de la investigación y del seguimiento a los asesinos tropezarán muy seguramente con enormes dificultades para adelantar su labor y para producir en corto tiempo resultados satisfactorios con miras a impedir que el crimen quede en la impunidad.

Preocupa en grado sumo el hecho de que solamente a raíz de la amplia divulgación que ha tenido este acontecimiento en los medios se haya activado el aparato estatal para enfrentarse al imperio del crimen que desde hace años se ha establecido en Córdoba, particularmente en el área en que fueron sorprendidos y muertos los dos estudiantes.

Reciente publicación (Revista Semana, 16 de octubre de 2010) daba cuenta de escalofriantes cifras acerca del imperio terrorífico vigente en la región. Según allí se indica, en el primer semestre de 2010 hubo más de 1.300 desplazamientos, generados a su vez por homicidios. “Los asesinatos selectivos y los desplazamientos se están haciendo tan habituales como las masacres, aunque hacia 9 años Córdoba no había visto tantas: 6 en lo que va del año (2010), con 29 muertos”.(…) “Los homicidios han subido sin tregua cada año desde 2005. En 2009 fueron 569, según reportó el Observatorio del Delito de la Gobernación (…) Han caído 20 jóvenes y niños por balas perdidas en combates, porque los padres no pagan vacunas o porque ellos se resisten a unirse a las filas de algún grupo armado”.

El panorama es espantoso. Algo tendrá que hacer en Córdoba el Estado colombiano.